COLUMNISTAS

Tres casos emblemáticos de ignominia contra las fuerzas militares, deberían hablarle claramente a la opinión pública y a los organismos internacionales del ataque sistemáticamente planeado por fuerzas oscuras contra las instituciones colombianas.

Escándalos mediáticos, desinformación, versiones amañadas de falsos testigos avaladas por jueces y fiscales y colectivos de abogados con evidente sesgo político e inclinados en favor de la izquierda comunista, se convirtieron en Colombia en la versión moderna de David y Goliat.

Quizá el caso más trascendental de todos ha sido el del Palacio de Justicia, sin desconocer que el de Mapiripán,  Santodomingo y muchos otros, hayan causado un daño irreparable a oficiales que dieron su vida con mística y entrega por el país.

Debilitar desde todos los flancos a la fuerza pública era el objetivo y cada verdad fué ocultada, desvirtuada, alterada o acomodada en favor de falsos defensores de derechos humanos, con diversos intereses particulares, entre ellos, ganar millonarias demandas contra el Estado y oficializar internacionalmente que el ejército colombiano era un violador sistemático de los derechos humanos.

El desenlace del caso por el que fué acusado el Coronel Plazas Vega puso al descubierto la patraña orquestada de los desaparecidos del Palacio de Justicia, como resultado de la masacre provocada por el M-19, en Noviembre de 1.985.                        

El periodista independiente Ricardo Puentes Melo, hizo una juiciosa investigación que puso en evidencia un complot muy sagazmente elaborado, para condenar al Coronel Plazas.

¿Qué se comprobó en todos esos años de periodismo investigativo adelantado por Puentes?

– Que hubo 27 cadáveres en poder de la Fiscalía, sepultados en una fosa común en el Cementerio del Sur, que jamás llegaron a la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional para su correspondiente identificación, por lo cual nunca fué identificado allí ninguno de los “desaparecidos”.              

– Que el supuesto defensor de derechos humanos, René Guarín, abanderado contra el Estado por su desaparecida hermana, era un guerrillero amnistiado del M-19 y había sido acusado de secuestro del empresario Jorge Valencia Angel en 1.988.

– Que su hermana, Cristina del Pilar Guarín, quien fungía como humilde empleada de la cafetería del Palacio era graduada de Derecho de la Universidad Nacional.                     

– Que intentaron poner como testigo estrella a un hombre llamado Tirso Sáenz, de quien posteriormente se descubrió estaba en la cárcel en la fecha del asalto y se retractó, confesando que la Fiscalía le había ofrecido dinero a cambio de su falso testimonio, en el que relataba “con detalles” cómo Plazas había desaparecido a los “desaparecidos”.

– Que posteriormente apareció otro “testigo estrella”, Ricardo Gámez Mazuera, que ya había sido desestimado 1.992 por la Procuraduría Delegada para las FFMM.

– Que el único testigo de la Fiscal a cargo, Angela María Buitrago,  terminó siendo un personaje que suplantó a otro y que dijo llamarse Edgar Villarreal y cuyo número de cédula en el testimonio improvisado, no coincide con su nombre. Posteriormente corrigió y dijo llamarse Edgar Villamizar.

– Que las declaraciones de este supuesto “testigo estrella” estuvieron llenas de toda clase de inconsistencias de tiempo, modo y lugar.

– Que con base en un testigo a todas luces no creible y que no tenía claro nisiquiera cómo se llamaba realmente, la juez Jara condenó 30 años de prisión al Coronel Plazas.

¡Más claro imposible!  Yo sugeriría dictar una cátedra obligatoria sobre ignominia y falsos testigos en todas las facultades de Derecho en Colombia, tomando como ejemplo este y otros casos que ilustran el proceder maquiavélico de ese consorcio oscuro que carcome las instituciones.