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El importante diario The Wall Street Journal, de Nueva York, denunció en estos días, en un brillante artículo de Mary Anastasia O’Grady, la nueva guerra jurídica que la subversión colombiana ha desatado, esta vez en Estados Unidos, contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega.

Antes de entrar en materia, Mary O’Grady resume el concepto: “La guerra jurídica como ha sido permitida en América Latina ha sido efectiva para reescribir la historia, meter a sus oponentes en la cárcel, y convertir a sus adversarios en villanos”.

La forma de esta nueva guerra, que más bien tiene el carácter de un brutal acto de hostigamiento judicial continuado, patrocinado bajo mesa por el gobierno de Gustavo Petro, lo definió así la cronista del WSJ: “Un juez federal permite un juicio para establecer que una venganza política de Colombia siga adelante”.

Pocos en Colombia olvidan que, en noviembre de 1985, la organización castrista M-19, tras recibir órdenes y dinero de Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, asaltó e incendió el palacio de Justicia de Bogotá, asesinó a 33 magistrados y abogados, a 11 civiles y a 14 miembros de la fuerza pública. El gobierno civil de la época ordenó al Ejército desalojar a los asaltantes y recuperar el Palacio. Bajo la dirección del coronel Alfonso Plazas Vega y de otros altos mandos, los militares dieron de baja en dos días de combate a 25 guerrilleros, rescataron a 214 rehenes y pusieron fin a la acción terrorista.

Como ha ocurrido varias veces en Colombia, las atrocidades comunistas, gracias a una intensa campaña de desinformación y montajes judiciales, desaparecen de la memoria colectiva o terminan por ser atribuidas a otros actores. Peor, en algunos casos, los criminales logran que sus víctimas disculpen al agresor y acusen a quienes luchan contra la barbarie.

El sangriento asalto contra el Palacio de Justicia es un caso emblemático. Ni un jefe del M-19 que aprobó cometer esa matanza ha sido juzgado hasta hoy. En cambio, varios jefes militares, como el general Jesús Armando Arias Cabrales, que lucharon hasta ponerle fin a esa tragedia, han sido condenados a duras penas. El coronel Plazas (80 años) estuvo, por ejemplo, detenido injustamente durante ocho años y seis meses por su papel heroico en el Palacio de Justicia. Finalmente, la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, el 16 de diciembre de 2015, le notificó que él había sido absuelto de todos los cargos que le habían imputado.

Nueve años más tarde, a raíz de la llegada a la presidencia de Colombia de un ex miembro del M-19, Gustavo Petro, las maniobras de venganza recomenzaron, inventando, como antes, acusaciones absurdas y sin prueba.

Mary Anastasia O’Grady, la mejor especialista en temas latinoamericanos de la prensa de New York, comentó: “Ahora tres colombianas están llevando la estrategia un paso más allá. Presentaron una acción civil en una Corte Federal de Estados Unidos contra un enemigo ideológico por algo que ocurrió hace 40 años en Bogotá”.  Y mostró lo que está en juego: que tales actores logren instrumentalizar la justicia norteamericana en su favor. Ella estima que si el caso sigue “los activistas con bolsillos llenos tendrán luz verde para resolver venganzas políticas con actores extranjeros que viven en los Estados Unidos demandándolos en las Cortes Americanas”.

En efecto, Helena, Xiomara y Mairée Urán, hijas del jurista Carlos Horacio Urán Rojas, afirman que su padre, durante el asalto, fue sacado vivo del palacio, torturado y asesinado por los militares y que el coronel Plazas es responsable. Sin embargo, testigos presenciales confirmaron que el señor Urán había sido abatido a tiros por los guerrilleros por tratar de huir de sus captores. Helena Urán fue asesora del gobierno de Gustavo Petro. “La acusación es apoyada por el izquierdista Centro para la Justicia y Responsabilidad basado en San Francisco”, detalló O’Grady.

Desde luego, coronel Plazas le salió al paso, una vez más, a la conjura. La periodista O’Grady detalló: “En noviembre de 2023, él presentó una moción para un juicio sumario que desestime el caso porque los demandantes no habían cumplido el requisito de agotar los recursos en Colombia, un Estado de Derecho, antes de acudir a las Cortes de los EEUU” como establece la ley norteamericana.

WSJ cita otro argumento del coronel Plazas:  “La demandante Xiomara Urán nunca se vinculó al caso como parte civil” y “la demandante Helena Urán sólo se vinculó al caso más de una década después de que el caso fuera abierto, en 2020, tres años después de que el plazo de prescripción en Colombia hubiera expirado, para presentar una acción civil contra el acusado por supuestos daños”.  Y continuó: Las tres demandantes “se han basado en un proceso penal colombiano que, según ella, “ha estado paralizado por más de una década, frustrado e inútil para justificar su fracaso en presentar una demanda civil independiente en Colombia”.

El artículo de Mary Anastasia O’Grady trascribe igualmente otra acotación importante del demandado que muestra el carácter anómalo de la demanda de las hermanas Urán: “Permitir que expire un plazo de prescripción de 10 años, unir intencionalmente casos que presentan como si estuvieran estancados desde hace mucho tiempo y luego argumentar que Colombia no proporcionó los recursos disponibles y adecuadas, desafía la lógica” y es contrario al orden legislativo de Estados Unidos.

Está ahora en las manos del magistrado Ruiz la posibilidad de que el derecho prevalezca sobre las maniobras del odio y de la venganza irracional.