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La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Por: Ex Magistrada María Patricia Ariza Velasco

Acorde con la dignidad humana que debe acompañar a todo ser humano, en mi parecer aún antes de nacer, si bien es cierto algunos hablan de “prostitución infantil”, considero al igual que una diputada del Congreso de Chile, que lo adecuado es designar el nombre correcto: víctimas de explotación sexual”. No son prostitutas o prostitutos, son niños y adolescentes abusados, impulsados, cosificados, instrumentalizados por redes especializadas, algunas veces con la anuencia directa de los padres o cuidadores y en muchas indirectamente, al no indagar de donde proceden los objetos que usan o el dinero que aportan a sus hogares, generalmente de estratos sociales deprimidos, sin obviar que en ocasiones en otros con mejores condiciones económicas, también gracias a los medios digitales, han facilitado incursionar a esta población de menores de dieciocho años en los terrenos de diversos abusos sexuales y trata de personas. Una parte del catálogo de delitos colombianos.

Este pequeño escrito se focaliza en el tema de la explotación sexual, como endemia social que además atrae el turismo sexual tanto nacional como el internacional en crecimiento, pues no puede la sociedad en general desconocer que les asiste un makerting digital de alta calidad y no intervenido por el gobierno en virtud de sus competencias, mucho menos por los mediadores del internet. Que pena y que dolor a la vez, pues la realidad irrefutable permitió el estreno y rápida masificación en la pantalla grande de una película que causó estruendo internacional llamada Sound of freedom (sonidos de libertad); sin embargo, otra producción desarrollada también dentro del estilo de denuncia se había estrenado en el Perú, con el nombre de La Pampa. La primera de las producciones nombradas se desarrolla en un 95% en Colombia, sobre hechos reales, entre ellos la desarticulación de una red dedicada a la explotación sexual de niños en la muy heroica ciudad de Cartagena de Indias, lo cual fue motivo de noticias por esas fechas, donde una de las cabecillas lamentablemente era una mujer.

Las llamadas “redes sociales” o “mass media and interpersonal communication in the diffusion of a news event”, útiles para hacer realidad el derecho a la información, también lo son para replicar y atraer a la clientela del comercio sexual, en donde las víctimas son los niños, niñas y adolescentes, que revolotean como abejas junto al panal, ante la mirada de la sociedad indolente, que ha normalizado estas escenas por si mismas escabrosas. Los delitos de esta naturaleza se reproducen camaleónicamente gracias al cáncer de la oferta comercial de la población infantil y adolescente sin ninguna clase de reparos, situación que carcome no solo a este país, es un problema demasiado agudo en Latinoamérica y el Caribe, según lo estiman e informan organizaciones internacionales, como la CEPAL, UNESCO,

Las conductas alrededor de la explotación con fines sexuales de NNA, son variadas y tienen nombre en nuestro Código Penal: Proxenetismo con menor de edad (art. 213 A), Estímulo a la prostitución de menores de edad (art. 217), Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad (art. 217 A), La pornografía con menores de 18 años (art.218) y este tema que tiene contenido económico, fue tratado internacionalmente en 1996, a instancias del primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de la niñez en Suecia.  Allí surgió la figura del ESCNNA, definida como la violación de los derechos fundamentales de la niñez. Abarca muchas conductas desarrolladas a su alrededor, todas con connotación sexual, fuente de información básica en la lucha contra las violaciones de esta naturaleza.

De definiciones y de tipificación de delitos contra los niños y adolescentes estamos sobrados en Colombia, de reinitas que “lucharán en pro de la niñez” como canto repetido en cada certamen de los muchos que hay en este país, pero la realidad de la proliferación de las actividades con contenido sexual alrededor de esta población es evidente y se ven en aeropuertos, “zonas rosas”, parques, en fin, en sitios estratégicos, esperando clientes.  De buena fuente logré información valiosa, sobre como identificar algunas víctimas, los adolescentes que “trabajan en calidad de independientes” de estratos populares usando celulares costosos de última generación o brackets, quienes además  pagan el “impuesto” a redes delincuenciales por permitir su “actividad” en determinadas zonas, en las mismas narices de servidores públicos competentes que, en teoría debían prevenir, contener y sancionar a esas organizaciones  y a los “usuarios” de los servicios de la población abusada  que al final de cuentas son  víctimas no solo de violencia sexual, algunas veces física y siempre psicológica, víctimas de la inercia social, de las familias y el Estado, es decir del trípode corresponsable del desarrollo armónico de los proyectos de vida, de los derechos fundamentales superiores de la infancia y adolescencia. Tenemos alcaldes iniciando periodos a lo largo y ancho del país, es ahora el tiempo para hacer lo que corresponde y no postergar el deber de hacer, concretar las acciones positivas que se traducen en una sociedad menos enferma.

En este tema, no se observa por ningún rincón el activismo zurdo de los derechos humanos, porque esa población de NNA, aún no les es útil para su discurso anacrónico y desvencijado, y que desafortunadamente no se aviene a la narrativa de los estándares internacionales, solo los instrumentalizan en los “estallidos sociales”, para crear el caos.  Entre tanto, la contraparte ideológica no ha estudiado, no conoce las obligaciones claras y precisas consagradas constitucionalmente y en la Declaración de los Derecho del Niño, y, de ello deviene el descuido en las tareas que permitan vislumbrar y ser protagonistas en la realización de los proyectos de vida de niños y jóvenes, para que no se queden solo en discursos grandilocuentes.

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