COLUMNISTAS

El martes pasado, en Tibú, Catatumbo nortesantandereano, más de 600 campesinos cocaleros secuestraron a 180 soldados que erradicaban cultivos ilícitos. Su líder, con cinismo aprendido, afirmó que no eran “retenciones” –así llaman las Farc a los secuestros–, sino un “cerco humanitario”, pues “son 180 hombres con armas automáticas”.

Esa respuesta –son 180 hombres con armas automáticas– encierra el drama de nuestra Fuerza Pública y, también, la estrategia de la izquierda para neutralizarla. ¿Quién osaría secuestrar a 180 hombres con armas automáticas? Ni ustedes ni yo, pero sí un campesino, un indígena o un vándalo urbano, ideologizado y utilizado por las mafias del narcotráfico, con las disidencias y los elenos en primer lugar, y con el “apoyo logístico” del progresismo neocomunista en el Congreso y en las principales alcaldías del país.

Amplío entonces la pregunta: ¿Por qué ellos sí se atreverían a secuestrar soldados con armas automáticas? Fácil; porque saben que los soldados no pueden usarlas; porque saben que, si las usan, serán investigados y castigados duramente por la justicia, también ideologizada; llevados ante la CIDH, no menos ideologizada, y juzgados mediáticamente como asesinos por la aplanadora implacable de las redes de la izquierda.

Esa fue la estrategia detrás del Paro; la estrategia para neutralizar y deslegitimar a la Fuerza Pública, para facilitar el control territorial del narcotráfico en el campo; la estrategia para neutralizar al ESMAD, sembrar terror en las ciudades y culpar al Gobierno, como macabro escalón de la campaña electoral progresista; la estrategia que tiene a los soldados en la cárcel y a los peores delincuentes dando cátedra de moral en el Congreso e incendiando al país con el odio anacrónico de la lucha de clases.

No es una estrategia de ahora; en ella se inscriben los paros campesinos instigados por “dignidades” dudosas, la violencia de la minga y de los “liberadores de la madre tierra” contra propietarios legítimos, con historias que se repiten una y otra vez.

Julio, 2012. Toribio, Cauca. Indígenas insultan y sacan a rastras a los soldados en el Cerro Berlín.

Enero, 2018. Corinto, Cauca. Indígenas que pretenden tomarse una hacienda azucarera e incendiar su maquinaria, hacen retroceder a los militares y uno de ellos es amenazado con machete al cuello.

Marzo, 2021. Carmen de Atrato, Chocó. Nueve militares son retenidos, amarrados y desarmados por ingresar “sin permiso” a tierras indígenas.

Abril, 2021. Argelia, Cauca. 100 soldados en operaciones contra disidentes de las Farc, son “retenidos” por indígenas y luego expulsados.

Octubre, 2021, Carmen de Atrato, Chocó. Siete militares y tres policías son retenidos, por hechos relacionados con la captura de dos indígenas sindicados del homicidio.

Hay muchas más historias, no solo en Catatumbo, Cauca y Chocó, sino en todas las 16 regiones que las Farc arrasaron, escogidas en el Acuerdo mafioso con Santos para ser circunscripciones a la Cámara, dizque para las víctimas, pero controladas hoy por sus narcosucesores. ¿Quiénes creen ustedes que elegirán a esos parlamentarios?

Cuando, en marzo de 2019, la minga bloqueó la Panamericana y un militar fue atacado con machete y otro retenido, escribí en este espacio, que “estamos ante un colectivo ideologizado, apoyado por la oposición y con gran poder extorsivo por su capacidad de generar caos”.

Frente a ese enemigo disfrazado, el Estado cayó en la trampa estratégica de dejarse “desarmar” en la práctica; perdió la capacidad disuasiva de su fuerza legítima y tiene territorios vedados, al tiempo que les prohibió a los civiles defenderse y no ostenta el monopolio de las armas, hoy compartido con los delincuentes, con una “pequeña” diferencia, que los delincuentes… sí las usan.

@jflafaurie