GOBIERNO, JUSTICIA, NACIONALES

Barranquilla, 16 de julio de 2024.- Como resultado de una Auditoría Financiera practicada al Ministerio del Interior, sobre la vigencia 2023, la Contraloría General de la República estableció 28 hallazgos administrativos, de los cuales 8 tienen incidencia fiscal por un valor de $9.115 millones, 14 son de carácter disciplinario, 1 tiene connotación penal y 3 dieron lugar a indagaciones preliminares.

El hallazgo fiscal de mayor cuantía, por $7.940 millones, con incidencia disciplinaria, se originó por el INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN del “CONVENIO M-1039/2018, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO ESPECIAL DEL PACÍFICO SUR DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MACO – NARIÑO”.

La entrega del Comando no ocurrió dentro de los plazos pactados y, por consiguiente, hoy es una obra en mal estado e inconclusa, que se encuentra abandonada y a la intemperie, deteriorándose la estructura.

También se evidencian estructuras de acero a la intemperie en el módulo H, presentándose corrosión progresiva y acelerada por los factores atmosféricos. Así las cosas, al momento de continuar con la ejecución de la obra, este acero no garantizará la estabilidad de la estructura dado que durante el periodo de abandono perdió algunas propiedades y, de esta manera, las inversiones ejecutadas inicialmente estarían en riesgo de pérdida.

Pagos irregulares en el contrato del Comando de Policía del Departamento del Atlántico en Sabanalarga

Este otro hallazgo fiscal relevante, por más de $453 millones, y con incidencia disciplinaria, se originó por: (i) los pagos realizados sin haberse cumplido a cabalidad su objeto y descripción contractual; (ii) pago doble de una actividad, la cual fue incluida tanto en los costos directos como en los costos indirectos; (iii) pagos de ítems correspondientes a las obligaciones particulares del contratista y a costos específicos del rubro de la administración del AIU y (iv) pagos de ítems que se clasificaron como de obra, cuando correspondían a suministro de servicios agregándoles un costo indirecto (AIU), aumentándose injustificadamente su valor, entre otros, durante la ejecución del contrato de obra 0135-2019-000149 derivado del Convenio Interadministrativo No. M-2154 de 201758, para la construcción del Proyecto Comando de Policía del Departamento del Atlántico en Sabanalarga.

En suma, en este hallazgo se reconocieron y pagaron los ítems citados sin haberse cumplido su objeto y descripción contractual.

Pagos inoportunos de servicios complementarios

Este hallazgo fiscal, con incidencia disciplinaria, identificó la existencia de pagos inoportunos realizados por la Policía Nacional, correspondientes al pago de pruebas y puesta en funcionamiento del software personalizado y desarrollado por BYTTE SAS por un valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/TE ($297.000.000), en varios ítems del Contrato No. 03-2-10080-22. Adicionalmente, se adquirió una garantía extendida para los desarrollos realizados, a pesar de que dicha actividad ya estaba cubierta por la garantía única del contrato.

Posible sobrecosto en plan de datos 

En este mismo contrato también se identificó un sobrecosto del 291.41% en el costo de los planes de datos adquiridos por la Policía Nacional, el cual no fue sustentado por la empresa BYTTE SAS. La diferencia cuantificada es por la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS ($279.795.600).

Pago de actividades no ejecutadas

La CGR determinó la existencia de pagos de ítems no realizados, actividades que no fueron ejecutadas y otras ejecutadas parcialmente o en menor cantidad; ítems reconocidos y pagados sin haberse cumplido en la ejecución del contrato de obra No. SIOP- 0002-2022 derivado del Convenio Interadministrativo No. 1126-2021, celebrado entre el Ministerio del Interior – FONSECON y el Municipio de Cota (Cundinamarca) para la construcción del proyecto SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2 OPCIÓN 1.

En este hallazgo, se comprueba que existen pagos de actividades que no fueron ejecutadas y otras ejecutadas parcialmente o en menor cuantía; pago de ítems reconocidos y pagados sin haberse cumplido su objeto y descripción contractual; pagos de ítems que se clasificaron como de obra, cuando correspondían a suministro de bienes o suministros de servicios agregándoles un costo indirecto (AIU) aumentando injustificadamente su valor.

Tales hechos generaron un detrimento patrimonial al Estado en una cuantía de $69.886.467, resultado de verificar y evaluar el Contrato de Obra No. SIOP- 0002-2022.