Investigan qué se hizo la plata de los desplazados en Bolívar y Magdalena y 18 gobernaciones más, y en Alcaldía de Barranquilla, Soledad y Malambo y 32 más
- GOBIERNO
Barranquilla, 18 de julio de 2017.- A 20 gobernaciones y 35 alcaldías, les fue abierta indagación preliminar por parte de la Procuraduría General de la Nación por hechos que habrían sucedido durante los periodos 2012 a 2015, en el que al parecer hubo incumplimiento de su obligación en materia de protección, asistencia, atención, y reparación de la población desplazada por la violencia.Estos entes territoriales del orden departamental y municipal según el informe han incumplido de manera evidente e injustificada con sus obligaciones de atención integral a la población desalojada de su territorio, a pesar de contar con los recursos suficientes para protegerla, y de presentar una situación grave de desplazamiento forzado, de acuerdo con la medición del Departamento Nacional de Planeación desde el año 2013.
Afirmó el Delegado para la Defensa de los DDHH, Gabriel Cera Cantillo, advirtió que “con esta indagación se busca identificar a los posibles responsables en cada ente territorial, verificar la ocurrencia de la conducta, para determinar si es constitutiva de falta disciplinaria y si han actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
Entre las gobernaciones citadas se encuentran: Arauca, Guainía, Córdoba, Chocó, Cauca, Casanare, Caquetá, Caldas, Bolívar, Vichada, Sucre, Risaralda, Quindío, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, Huila y Guaviare.
Así mismo, fueron vinculadas a la indagación las alcaldías de los municipios de Fortul, Saravena y Tame (Arauca); Soledad, Barranquilla y Malambo (Atlántico); Magangué y El Carmen de Bolívar (Bolívar); Patía, Cajibío y Buenos Aires (Cauca); Chimichagua, Valledupar y El Copey (Valledupar).
De igual manera, Tierralta (Córdoba); Pitalito (Huila); Maicaco, Fonseca, San Juan del Cesar (Guajira); El Banco, Santa Marta, y Plato (Magdalena); Ipiales y San Andrés de Tumaco (Nariño); Cúcuta, El Carmen y Teorama (Norte de Santander); Puerto Asís (Putumayo); Pereira (Risaralda); Piedecuesta y Girón (Santander); Sincelejo y Sanonofre (Sucre); Ibagué y Chaparral (Tolima).
Estas acciones iniciadas por el Delegado para la Defensa de los DDHH, designado como funcionario especial por el Procurador General, hacen parte de la respuesta del Ministerio Público a la orden de la Corte Constitucional de monitorear el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, con respecto a la reivindicación de los derechos de la población desplazada.
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