ECONOMICAS

El sector empresarial presentó al Gobierno una propuesta de incremento del 7,21 % para el salario mínimo del próximo año, argumentando que el ajuste debe proteger el ingreso de los trabajadores sin afectar la estabilidad económica ni el empleo formal.

Valledupar, 18 de diciembre de 2025. Los principales gremios económicos del país entregaron al Gobierno Nacional su propuesta de aumento del salario mínimo para 2026, en el marco de las discusiones que se adelantan en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

El porcentaje sugerido por el sector empleador es del 7,21 %, cifra que consideran acorde con el comportamiento reciente de la inflación y la productividad.

La iniciativa fue presentada de manera conjunta por organizaciones como la ANDI, Asobancaria, la Sociedad de Agricultores de Colombia y ACOPI, que coincidieron en la necesidad de que el ajuste salarial se defina con base en criterios técnicos y no en decisiones que puedan comprometer la economía en el mediano plazo.

Según los gremios, el planteamiento toma como referencia la inflación acumulada a octubre de 2025, el crecimiento de la productividad reportado por el DANE y un margen adicional que permita preservar parcialmente el poder adquisitivo de quienes devengan el salario mínimo.

Con este enfoque, el aumento propuesto se ubica por encima del índice de precios al consumidor, pero sin generar presiones excesivas sobre los costos laborales.

En el documento remitido al Ministerio del Trabajo, los empresarios expresaron su preocupación por el comportamiento de la informalidad, que sigue afectando a millones de colombianos, así como por la desaceleración en la reducción de la inflación. Advirtieron que incrementos elevados del salario mínimo podrían traducirse en mayores niveles de informalidad y en un impacto negativo sobre la generación de empleo.

El sector empresarial también hizo un llamado a mantener un diálogo responsable entre el Gobierno, los trabajadores y los empleadores, con el objetivo de alcanzar un acuerdo equilibrado que proteja a los asalariados sin poner en riesgo la sostenibilidad de las empresas ni la estabilidad macroeconómica del país.