
Valledupar, 13 de octubre de 2026.- A dos meses de haber asumido la Presidencia de la República, el Gobierno de Abelardo de la Espriella afrontará esta semana su primera prueba en las calles. Organizaciones sindicales, docentes e indígenas confirmaron una jornada nacional de movilización para el próximo miércoles 15 de octubre.
La convocatoria, que nació tras un encuentro nacional de más de 1.500 delegados sociales realizado el 11 y 12 de septiembre en Bogotá, busca articular reclamaciones laborales, educativas y territoriales.
La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) es uno de los principales promotores. El gremio asegura que se moviliza en defensa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por mejoras en la atención en salud y por el pago de prestaciones pendientes.
A esa petición se suma la exigencia de recursos para la reconstrucción de las instituciones educativas afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto, que según el magisterio dejó miles de sedes con daños estructurales.
En la capital, la Asociación Distrital de Educadores (ADE) anunció un cese de actividades de 24 horas para ese día. La organización denunció presuntos incumplimientos de acuerdos laborales por parte de la Secretaría de Educación y sanciones a docentes que participaron en movilizaciones anteriores.
El componente indígena también tendrá peso. Cuatro organizaciones del suroccidente del país, entre ellas el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), realizarán una cumbre previa este lunes y martes en el Cauca para definir su pliego y su participación en la jornada del miércoles.
En el plano político, sectores del Pacto Histórico confirmaron su adhesión. El exmandatario Gustavo Petro informó que participará en la movilización prevista en Bogotá, cuyo punto de concentración preliminar es el Parque Nacional a partir de las 10:00 de la mañana.
Desde las organizaciones convocantes, la marcha responde además a la preocupación por recientes anuncios del Ejecutivo en materia de orden público, como el protocolo que permitiría el ingreso de la Policía a universidades públicas ante hechos de violencia o vandalismo. Los sindicatos sostienen que esta medida podría limitar la protesta social.
Consultado sobre la jornada, el presidente De la Espriella afirmó que su administración garantiza la protesta pacífica, pero que no cederá ante vías de hecho o bloqueos.
Analistas consultados consideran que la movilización del miércoles será el termómetro inicial del pulso social contra el nuevo Gobierno y la antesala de una convocatoria más amplia planteada para noviembre, en la antesala del debate electoral regional de 2027.