JUDICIALES

Barranquilla, 30 de abril de 2019.- A las 11:30 arribó a Colombia al aeropuerto internacional El Dorado procedente de los Estados Unidos, un avión con 101 personas el abogado Leonardo Pinilla Gómez vinculado al escándalo de corrupción del Cartel de la Toga, al igual que el General en retiro de la Policía Mauricio Santoyo ex jefe de seguridad del Palacio de Nariño en el Gobierno del ex presidente, Álvaro Uribe Vélez, luego de pagar sus condenas en ese país.

Y Juan Carlos Ramírez Taborda, alías Porcino,  alias Manicomio, sindicado como el piloto de

Los recién llegados al bajar del vuelo de deportados proveniente de los Estados Unidos, siguió a Migración Colombia donde luego de fue capturado el general en retiro Mauricio Santoyo acusado de acuerdo con la evidencia física y los testimonios recopilados por la Fiscalía General de la Nación, las desapariciones de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, integrantes  de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), estarían relacionadas con varios homicidios y crímenes ocurridos en Medellín (Antioquia) entre 1997 y 2001, por los que han sido procesados algunos efectivos del entonces Gaula Rural de la Policía Nacional.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos encontró indicios que vincularían al comandante de la mencionada unidad para la fecha, el entonces coronel Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, en la desaparición de los dos defensores de derechos humanos y dispuso la captura del oficial en retiro.

La detención se hizo efectiva tan pronto Santoyo Velasco regresó de Estados Unidos, luego de cumplir una condena de 13 años de cárcel en ese país por ayudar a los grupos autodefensas a sacar cocaína de Colombia a territorio estadounidense.

Ahora, en atención a los parámetros establecidos por la Ley 600 de 2000 (antiguo Código de Procedimiento Penal), el general en retiro deberá permanecer recluido en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones en su contra como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado y coautor de desaparición forzada de personas agravada.

Las víctimas en este caso, Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, fueron reportadas como desaparecidas el 6 de octubre de 2000, en un sitio público conocido como ‘La Playa’, en el centro de Medellín (Antioquia). Exintegrantes de grupos de autodefensa postulados a la Ley de Justicia y Paz se atribuyeron estos hechos y revelaron que habrían actuado en complicidad con integrantes del entonces Gaula Rural de la Policía.