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Fiscalía denuncia acceso ilegal al Spoa en el proceso contra Nicolás Petro

En plena audiencia, el ente acusador reveló que un funcionario público ingresó sin autorización al sistema judicial para extraer información reservada del expediente de Nicolás Petro. La Fiscalía sostiene que el exdiputado recibió ese material y lo entregó a su abogado.

Valledupar, 3 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de la Nación encendió alarmas este martes durante la audiencia en la que se analiza la solicitud de medida de aseguramiento intramural contra Nicolás Fernando Petro Burgos. La fiscal del caso, Lucy Laborde Betancourt, informó que un funcionario público ajeno a la investigación habría entrado de manera irregular al Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) para obtener datos reservados del proceso.

Según explicó Laborde, el ingreso no autorizado quedó registrado el 10 de septiembre de 2025 a las 8:00 a. m., cuando una persona sin competencia en el caso consultó varios radicados del expediente. Esa información, catalogada como clasificada y no accesible para el público, habría llegado posteriormente a manos de Nicolás Petro y luego a su abogado, Alejandro Carranza.

La fiscal enfatizó que, aun teniendo el número de radicado, cualquier usuario externo solo puede ver datos limitados del proceso; por ello, la obtención completa del contenido constituye una violación grave de la reserva judicial. El hallazgo ya fue informado a la fiscal general y a los superiores del caso, pues comprometería a servidores públicos, incluido un miembro de la Policía Nacional sin relación con la investigación.

Durante la diligencia, la Fiscalía insistió en la necesidad de imponer medida de aseguramiento intramural al considerar que Petro actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad de los hechos. La investigación principal se centra en un presunto direccionamiento de contratos y apropiación de recursos públicos cuando el procesado era diputado del Atlántico. Entre los hallazgos, se señala que habría intervenido para favorecer cinco contratos superiores a los 3.000 millones de pesos, firmados mediante la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente.

El juez deberá decidir en los próximos días si acoge la solicitud del ente acusador, decisión que podría marcar el rumbo del proceso. Este expediente es distinto al que Nicolás Petro enfrenta por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito ligados a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

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