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Juana Francisca Llanos, presidente de Suramericana, dio la delicada noticia a la opinión pública, también, fue la encargada de entregar el funesto balance financiero de la entidad: a finales de 2024 las pérdidas acumuladas podrían superar los $500.000 millones.

Barranquilla, 28 de mayo de 2024.- El creciente autoritarismo del presidente Gustavo Petro y las innumerables voces que ahora figuran en medios de comunicación y redes sociales ambientando una Asamblea Nacional Constituyente, han empezado a generar pánico entre los inversores, quienes antes de la ‘nacionalización’ de sus capitales, prefieren salir del juego.

La mañana de este martes, 28 de mayo, la EPS Sura, informó que había presentado ante la Superintendencia de Salud la solicitud de desmonte progresivo de la empresa, petición que significa, palabras más, palabras menos, su eliminación de la lista de empresas que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia.

Complejo panorama para los usuarios

Importante mencionar en este punto, que luego del hundimiento de la reforma a la salud y la puesta en marcha de la misma vía decretos, la EPS Compensar había solicitado algo similar, también, que están intervenidas por el Estado dos de las más grandes empresas de este tipo en el país: EPS Sanitas y Nueva EPS.

El gobierno también tomó el ‘control’ de la salud de los maestros del país. El primero de mayo, se puso en marcha el ‘Modelo de atención en salud para los docentes y sus familias’, con la promesa de que este nuevo esquema permitiría eliminar los errores del anterior prestador, beneficiando a los 818.960 afiliados del Magisterio.

Aseguraron que con la entrada  de Fiduprevisora S.A., la Red Nacional de Salud Fomag y sus  32 coordinaciones departamentales y nodos regionales funcionaría como un reloj suizo. «El compromiso del Gobierno Nacional es velar por el bienestar de los y las docentes y sus familias. Esto implica robustecer la institucionalidad pública para garantizar la protección de sus derechos, en este caso el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, con calidad, de manera integral, incluyendo la seguridad y salud en el trabajo», dijo en su momento la ministra de Educación, Aurora Vergara.

No obstante, la realidad ha sido otra, pues, en todo el país se han dado a conocer una avalancha de inquietudes relacionadas con la falta de especialistas, la tardanza en la asignación de citas y la entrega de medicamentos.

El gobierno los asfixió

Así las cosas, la salida del sistema de EPS Sura genera un impacto negativo en la prestación de los servicios, pues, los más de 5 millones de afiliados tienen que trasladarse hacia otras entidades, ya sobrecargadas con los usuarios de otras entidades liquidadas.

“Hoy radicamos ante la Superintendencia Nacional de Salud la solicitud de autorización para el retiro de la EPS Sura del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia a través de un programa de desmonte progresivo, un mecanismo jurídico que permite el retiro de manera ordenada y diligente”, informó Juana Francisca Llanos, presidente de Suramericana.

Asimismo, dijo con sinceridad que la petición que elevaron obedece a los temores de que pueda ocurrirle lo mismo que a otras entidades del mismo renglón que hoy están siendo administradas por el Ejecutivo a través de la Superintendencia de Salud.

Sobre este punto en concreto, Llanos explicó que entre 2022 y 2023, EPS Sura registró pérdidas por una suma superior a los $360.000 millones de pesos, asimismo que para la actual vigencia, ese rubro podría superar los $500.000 millones, haciendo inviable su funcionamiento.

Los problemas financieros de varias de las más grandes EPSs del país, de acuerdo con lo dicho por la presidenta de Suramericana, obedecerían a una sola razón: “los recursos asignados mediante la UPC no alcanzan. Además, los presupuestos máximos para lo no incluido en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) tampoco cubren las necesidad, agravando las deudas acumuladas”.

El resultado de no escuchar a las EPSs

Una de las primeras en reaccionar a esta noticia, fue Ana María Vesga, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), quien a través de su cuenta en la red social X señaló que varias de sus entidades agremiadas venían alertando desde hace casi un año sobre las graves consecuencias de la disminución en los presupuestos.

“Desde el mes de junio las EPS Sura, Sanitas y Compensar advirtieron al gobierno nacional sobre la profunda crisis financiera que afrontaban. Una siniestralidad desbordada, pérdidas acumuladas, descapitalización, descalce de sus reservas técnicas y una deuda creciente con prestadores. La principal causa estaba relacionada con la insuficiencia de la prima reconocida por la Nación. Ha pasado un año y no se tomó ninguna acción concreta que hiciera corregir el rumbo”, dice uno de los apartes del trino publicado por Vesga.

A renglón seguido, la presidenta de la Acemi, explicó que como se pronosticó desde el sector privado, los mecanismos implementados por el Gobierno Nacional para ajustar los presupuestos fueron contraproducentes.

“El ajuste de la UPC impuso mayores cargas a las EPS y destinó crecientes recursos a fines distintos a la atención en salud de la población. Hoy el país recibe la noticia del retiro voluntario de Sura que se suma al de Compensar y a la intervención de Sanitas por parte del Gobierno Nacional en el mes de abril. Estamos presenciando la destrucción del mayor avance social del país en toda su historia. Irreversible”, puntualizó Ana María Vesga.