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El gobierno departamental, señaló que la administración departamental no tiene otra opción que recurrir a los estrados judiciales para obligar a Air-e a garantizar el recaudo de la tasa de seguridad.

Valledupar, 7 de mayo de 2025.- La decisión de la empresa Air-e Intervenida de convertir en opcional el pago de la tasa de seguridad en las facturas de energía eléctrica en el Atlántico generó una fuerte reacción por parte de la Gobernación departamental, que anunció acciones legales para revertir esta medida.

Rachid Náder, secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, afirmó categóricamente que, a pesar de no haber sido notificados formalmente por la empresa, existe una «ordenanza aprobada por el estatuto tributario departamental que establece que el tributo de tasa de seguridad debe ser cobrado conjuntamente con el recibo de energía».

Ante esta situación, Náder señaló que la administración departamental no tiene otra opción que recurrir a los estrados judiciales para obligar a Air-e a garantizar el recaudo de la tasa de seguridad. «En este caso, lo procedente como autoridades administrativas es una acción de cumplimiento, estamos en miras de solicitarle a un juez que obligue a la empresa a cumplir con el Estatuto Tributario. Es nuestra obligación, si no lo hacemos, como empleados incurriríamos en omisión administrativa, que es una falta disciplinaria», enfatizó el secretario jurídico.

Náder agregó que, a pesar de haber sostenido varias mesas de trabajo con Air-e, la decisión de la empresa no guarda relación con lo acordado. Insistió en que la Gobernación ya comprometió vigencias futuras basándose en los ingresos de este cobro, los cuales estaban destinados a proyectos cruciales para la seguridad del departamento, como estaciones policiales, comandos y dotación para la fuerza pública. La modificación en el recaudo, advirtió Náder, podría generar una «situación fiscal riesgosa» para el ente territorial, poniendo en peligro los créditos adquiridos con entidades financieras.

Según cifras de la Gobernación, el año anterior se recaudaron 168.000 millones de pesos por este tributo, y para el presente año 2025 se esperaba recaudar 174.000 millones, con planes de transferir recursos a Barranquilla y comprometer 300.000 millones en espacios seguros y 200.000 millones en refuerzos policiales para los municipios.

Finalmente, la Gobernación advirtió a los ciudadanos que «el no pago de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana generaría una deuda fiscal y por ende daría lugar al cobro coactivo por parte de la Secretaría de Hacienda tal y como se hace con cualquier otro tributo departamental: impuesto vehicular, impuesto al consumo, impuesto al deporte, registro, estampilla y demás».