ECONOMICAS

El análisis sostiene que la crisis fiscal, la violencia, las obligaciones pendientes y las restricciones de caja eran conocidas y estaban incorporadas en los marcos fiscales, lo que plantea reparos jurídicos al uso del estado de excepción.

Valledupar, 27 de enero de 2025.- Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación, envió a la Corte Constitucional un escrito en el que cuestiona la constitucionalidad del decreto que declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. Su conclusión es clara: ninguna de las razones invocadas por el Gobierno corresponde a hechos sobrevinientes, como exige la Constitución.

Desde el inicio, el análisis fija el eje del debate. “El decreto invoca ocho razones para justificar la emergencia económica”, señala, antes de precisar que “ninguna de ellas es sobreviniente”. Para González, este punto resulta determinante, pues implica que una figura excepcional estaría siendo utilizada para atender problemas estructurales y no contingencias imprevisibles.

Respecto a las finanzas públicas, el texto recuerda que las dificultades fiscales eran conocidas con anterioridad. De hecho, subraya que “en los dos intentos de reforma tributaria que fracasaron se hace una exposición de motivos que pone en evidencia las dificultades fiscales”, lo que impide presentar la situación como un hecho inesperado surgido de forma abrupta.

Ese argumento se refuerza con la evolución del endeudamiento. El estudio describe que cuando comenzó a aplicarse la regla fiscal en 2012, la deuda del Gobierno Central representaba 33,2 % del PIB, mientras que para 2025 el Marco Fiscal de Mediano Plazo la proyecta en 61,3 %. “Es claro, entonces, que, durante los 13 años de vigencia de la regla, la deuda ha aumentado de manera significativa”, afirma el texto, descartando su carácter sobreviniente.

En cuanto al orden público, el escrito reconoce el agravamiento de la violencia en varios territorios. Sin embargo, advierte que “el tema no es nuevo” y recuerda que el propio Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno ya había descrito la complejidad del conflicto, el papel de economías ilegales como la coca y la minería ilegal, así como los desafíos asociados a su contención.

La misma lógica aplica a las sentencias judiciales sin pagar. Según González, “en todos los marcos fiscales se incluye un estimado de estos pasivos”, y el último los calculó en $12,2 billones, lo que descarta su imprevisibilidad. Algo similar ocurre con las restricciones de caja, ya que “las dificultades de caja se pueden estimar” y han sido proyectadas por el propio Ministerio de Hacienda.

A partir de ese conjunto de elementos, el exdirector de Planeación concluye que la declaratoria de emergencia estaría siendo utilizada para suplir decisiones de política pública ordinaria. Ese uso, advierte, plantea dudas de proporcionalidad y necesidad que ahora deberán ser evaluadas por la Corte Constitucional al ejercer el control del decreto.