COLUMNISTAS

Barranquilla, 29 de octubre de 2017.- ¿Quiénes son los protagonistas del raponazo a la finca Las Pavas? En primer lugar, está el cura Francisco de Roux, sacerdote jesuita que lleva años promoviendo su “Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio”, para el que recibió ayudas en su momento por más de 57 millones de euros y que hoy, no representa ningún avance en el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos a quienes supuestamente ha beneficiado.

Asimismo, a la cabeza de esta farsa y adoctrinando estudiantes con una historia de desplazamiento imaginaria, está la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana, en donde se destaca el protagonismo perverso de los abogados Juan Felipe García Arboleda y Roberto Carlos Vidal López (premiado hoy con el nombramiento como Magistrado de la JEP).

Unidos, han construido todo un contexto fraudulento que le ha servido a la fiscalía corrupta para perseguir inocentes y atacar en forma bárbara y desmedida al propietario y a los trabajadores de la finca Las Pavas.

Con ayuda de escoltas de la UNP a cargo de la protección del falso desplazado Misael Payares, declarado víctima por la Unidad de Víctimas también de forma fraudulenta y acreedor junto con su Asociación campesina Asocab al premio Nacional de Paz – donde el cura De Roux unas veces funge de juez y otras de nominado-, sometieron a tortura y tratos crueles e inhumanos al empleado Eugenio Palma, fracturándole sus manos. Asimismo, le fracturaron las piernas al empleado Wilmar Martínez, quien fue defendido por un soldado que posteriormente fue denunciado por el Senador IVAN Cepeda y sometido a investigación interna en el ejército.

La denuncia, junto con los respectivos exámenes de medicina legal, duerme el sueño de los justos en la Fiscalía de San Martín de Loba, cooptada bajo presiones de estos ilustres abogados.

Otra víctima de Asocab y sus mentores, es Oswaldo Meneses Ballesteros, un campesino de la región que fué miembro de la asociación pero confesó la verdad acerca de la farsa y debió huir por amenazas de muerte.

Pese a que todos los autores materiales del maquiavélico plan se han retractado en audiencia frente a la juez de Cartagena, en especial Misael Payares, quien sostuvo que el jamás había denunciado a los capturados por desplazamiento, el abogado García Arboleda ha dicho públicamente con el mayor descaro, que “pretenden sentar jurisprudencia del caso Las Pavas”. Obviamente, es una estrategia jurídica para quitarle sus tierras a otros legítimos propietarios en Colombia.

En el frente institucional, cómplice del urdimiento de este macabro plan, está también Miriam Villegas, quien desde la dirección de Incoder y estando impedida por su relación estrecha con el sacerdote De Roux, actuó ilegalmente y en complicidad con la otrora subgerente de tierras rurales de Incoder, Jeniffer Mojica, que extinguió el dominio de la hacienda argumentando falsamente  “abandono del predio”.

En el frente periodístico cuentan con Claudia Ayola, cronista de El Heraldo, quien se encarga de la desinformación correspondiente, para hacer creer a la opinión pública que Las Pavas es de Asocab y no de quien la compró legítimamente en Marzo de 2.017. Igualmente tienen de cómplice al portal Verdad Abierta, financiado por el filántropo maquiavélico George Soros.

Todas las autoridades han certificado que en la zona nunca ha habido desplazamientos forzados y en igual sentido han declarado los pobladores del corregimiento de Buenos Aires. Sin embargo, en agosto de 2016 la Fiscalía, contrariando todas las pruebas aportadas por esa misma entidad incluyendo el archivo de la investigación y la compulsa de copias a los falsos desplazados, capturó a seis humildes trabajadores de la finca bajo cargos de “paramilitarismo”. Toda una contradicción.

Diez años lleva este caso sin resolver y el Consejo de Estado expresa que debe llevarlo con «la mayor cautela», por cuanto se considera de interés político.

¿Interés político sobre la propiedad privada legítimamente adquirida?

Hoy, después que el descaro ha empezado a campear por causa del empoderamiento que Juan Manuel Santos otorgó a todos los actores corruptos del país, ya todos se quitaron el antifaz y dicen cínicamente y de frente que lo que van a llevar a cabo, es «un robo legal». Pobre Colombia.