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Jaime Caicedo Turriago, 81 años, presidente del Partido Comunista de Colombia, envió una carta a Octavio Augusto Tejeiro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 20 de noviembre, donde le pide un imposible jurídico y judicial: que investigue y condene a la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal por “apología al genocidio” (sic) en vista de que ella había concedido una entrevista a la revista La Silla Vacía.

El pedido de Jaime Caicedo, escrito en papelería del Partido Comunista de Colombia, al magistrado Tejeiro es no sólo irregular desde el punto de vista del procedimiento, sino que es grotesco por su contenido y pretensiones. En Colombia no existe una ley, ni un solo decreto, que diga que denunciar y relatar la historia de los crímenes del comunismo bolchevique en Colombia equivale a hacer la “apología al genocidio” (sic).

Como Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, entró en pánico cuando se dio cuenta de la fuerza que ha tomado la candidatura presidencial de María Fernanda Cabal dentro del Centro Democrático, el senador comunista –quien se siente incapaz de sostener un debate de ideas con sus adversarios–, quiere sacar de la contienda electoral a María Fernanda Cabal, quien sí conoce la historia de Cepeda y del comunismo colombiano e internacional.

La quiere sacar como hicieron siempre los aparatos comunistas en países donde no han tomado el poder: mediante montajes e intrigas judiciales –como hicieron con el expresidente Álvaro Uribe– o mediante el asesinato como hicieron hace con Miguel Uribe Turbay el 7 de junio pasado (1).

Para montar el dispositivo de censura en plena campaña electoral, Iván Cepeda tuvo que sacar de la naftalina a su amigo Jaime Caicedo (que por razones desconocidas había cambiado en los años 80 su apellido de Caicedo a Caycedo) pues el, Iván Cepeda, dice que no quiere debatir con otros candidatos. La intriga judicial debía ser iniciada por otro jefe comunista.

El libelo de Caicedo es confuso. Se pierde en un laberinto de definiciones imprecisas sobre el delito de genocidio (sobre el origen de esa figura penal, por ejemplo), y echa mano de esa palabra como hacen hoy el yihadismo y la extrema izquierda internacional. Los judíos son “genocidas”, los partidos de derecha son “genocidas”, etc. El pasquín de Caicedo invierte los componentes de la realidad:  el PCC, responsable de las violencias más horribles que ha conocido Colombia, es un “movimiento de paz”. Lo demás es de ese estilo.

Pero atención: hay otro motivo detrás de la intriga que quieren tejer contra la senadora Cabal: intentan prohibir, mediante la amenaza de un proceso kafkiano por “apología del genocidio”, no solo a ella sino a todos los candidatos, a los jefes políticos, a los historiadores, periodistas, magistrados, educadores e influenciadores que hablen durante la campaña presidencial sobre la negra historia del Partido Comunista de Colombia (PCC). Quieren que esa historia sea censurada, especialmente sobre el hecho de que ese partido fue el creador y jefe político hegemónico de las FARC hasta el comienzo de la perestroika en la URSS y que el PCC, tras purgar su ala pro Gorbatchev, siguió apoyando las campañas políticas y las fechorías militares de esa organización.

Ese partido, financiado por la URSS desde su fundación en 1928 –en la época del “tercer periodo”, el periodo más radical y belicoso de la Internacional Comunista–, hasta la dislocación de la URSS en marzo de 1990, es decir durante 62 años, contribuyó, además, a la creación de las cuatro otras guerrillas comunistas, incluida la maoísta EPL.

Nada de eso debe ser revelado ni explicado a los jóvenes de hoy, según el “presidente” del PCC, quien se presenta con la blanca etiqueta de “militante por los derechos humanos” y “defensor de la paz”.

Develar la trayectoria de Iván Cepeda y ocultar el expediente del PCC será difícil. Al frente de la candidatura del Pacto Histórico está un individuo que es hoy el líder de un aparato político que tiene sangre en las manos. Los electores tienen el derecho a saber quién es Iván Cepeda. Lo único que saben de él es su pasión triste de perseguidor obsesivo del expresidente Uribe. Nadie recuerda que él haya tomado una sola iniciativa legislativa para mejorar la vida de las “clases oprimidas”.

Jaime Caicedo, tiene también una larga trayectoria como activista. En septiembre de 1972, fue arrestado junto con otros de sus camaradas en medio de una ola de atentados con explosivos en Bogotá en favor de Cuba. Durante ese periodo las autoridades capturaron y expulsaron a un individuo que dijo llamarse Karl Staff, posiblemente soviético, que le entregó a Tirofijo 70.000 dólares para las actividades de las FARC. En 1994, Caicedo ocupó el cargo de secretario general del PCC, hasta diciembre de 2022, fecha en que fue nombrado presidente del PCC.

Caicedo es un antropólogo de la Universidad Nacional de Bogotá, sin obra de antropología, y un filósofo formado en la Universidad de La Habana, pero sin obra filosófica. Iván Cepeda es un filósofo sin filosofía formado en los años 1980 en la Universidad de Sofía (Bulgaria).

Cepeda le hace decir a Wikipedia que él regresó a Bogotá en 1987 convertido en un “crítico del modelo soviético que él juzga autoritario”. ¿Dónde están esas criticas al modelo soviético?  ¿Tres años antes de la implosión de la URSS Cepeda había pasado al campo liberal? ¿Qué prueba existe de eso?

Todo esto debe salir a la luz pública. Si los activistas y equipos de campaña se callan, Colombia será privada, una vez más, de la verdad sobre los objetivos del PCC tras el fin de la aventura caótica de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Y así Iván Cepeda llegará sin contendor a la primera y segunda vuelta, como logró hacerlo Petro en la campaña presidencial de 2022.

La reacción más sana es invitar a electores y precandidatos a movilizarse, a rodear a la senadora María Fernanda Cabal –pues vendrán maquinaciones contra otros candidatos de otras formaciones– y destruir cada una de las amalgamas y aberraciones jurídicas que contienen las 19 páginas de la denuncia del ilustre Jaime Caicedo.

(1).- Según la Fiscalía, los sicarios que participaron en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay habrían hecho parte de la organización “Segunda Marquetalia”, una banda narco comunista con sede en la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela y dirigida por alias Iván Márquez, un ex dirigente de las FARC quien renegó del “proceso de paz” entre las FARC y el gobierno de JM Santos y que reivindica todavía hoy los planteamientos de Tirofijo, exjefe y fundador de las FARC. Hasta julio de 2025, Márquez disfrutó, por orden del gobierno de Gustavo Petro, de la suspensión de las órdenes de captura que él tenía luego de recibir de Petro el estatus de “negociador”.