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La Fiscalía anunció que solicitará la preclusión del caso por fraude procesal y soborno de testigos contra Álvaro Uribe. Significa que el Fiscal del caso llegó a la conclusión de que no hay mérito para la acusación contra Uribe y que en consecuencia debe terminarse el proceso penal.

Dice la Fiscalía que “luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”.

El anuncio no da ni para tirar voladores ni para rasgarse las vestiduras. Quien toma la decisión de precluir no es el Fiscal sino la jueza Carmen Helena Ortiz, a quien ayer le correspondió por sorteo el estudio del caso, y la decisión que ella tome podrá ser apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Aún así, el anuncio levantó una polvareda. Iván Cepeda anunció que demandará al fiscal Jaimes por prevaricato porque “ha fungido de facto, como abogado defensor de Uribe”. Eduardo Montealegre, en una declaración de profunda ignorancia, agregó que el caso llegaría a la Corte Penal Internacional CPI. La CPI solo tiene competencia sobre crímenes de lesa humanidad y de guerra, de manera que no hay forma alguna de que investigue eventuales delitos de soborno o fraude, delitos que no son en ninguna parte crímenes internacionales.

Montealegre agregó, sin mostrar ninguna prueba, que el Fiscal General “sigue las instrucciones desde el Ubérrimo” y que quien “da las órdenes es el exsenador”. Barbosa será cualquier cosa menos uribista. No solo no ha militado en el Centro Democrático sino que para constatar su distancia con Uribe basta con mirar sus posiciones sobre temas transversales. Según resumen del portal lasillavacía, que tampoco lo es, Barbosa “antes de llegar al Gobierno, defendía abiertamente las negociaciones de paz entre el gobierno de Santos y la entonces guerrilla de las Farc. De hecho, nunca escondió que votó por el ‘Sí’ en el Plebiscito y ha dicho que la JEP tiene un buen diseño institucional. Incluso, se postuló para ser magistrado de esa justicia transicional”. Las distancias son evidentes.

Así que la acusación por prevaricato y la descalificación que hacen de la Fiscalía Cepeda y Montealegre, sin conocerse los motivos de la solicitud de precaución, no solo demuestran que prejuzgan sino que prueban el ánimo político que los mueve. Ocurre que la Fiscalía no ha dicho ni una palabra de los motivos y pruebas con base en los cuales pedirá la preclusión. Solo los conoceremos cuando se haga la audiencia respectiva.

El odio al ex Presidente es relativamente nuevo en Montealegre. Otra vez según lasillavacia, “también fue cercano a Uribe: sonó para integrar la terna a Fiscal en 2009 porque era parte de los abogados más cercanos al entonces presidente […] además estuvo encargado de convencer a los congresistas de que podían votar el referendo reeleccionista sin temor a estar impedidos”. Para probar la “seriedad” de sus acusaciones baste recordar que el ex Fiscal señala hoy en radio a Uribe de crímenes internacionales y antes era su abogado y que cuando fue fiscal nada dijo ni hizo sobre sus actuales incriminaciones. Si fueran ciertas, que no lo son, y Montealegre lo sabía, quien rayaría el código penal es él por complicidad o por omisión en el cumplimiento de sus funciones. Lo de Cepeda es viejo y es estratégico. Responde al afán de la izquierda radical, violenta y criminal a sacar a como de lugar del juego a Uribe, quien los derrotó una y otra vez en el campo de batalla y en las urnas y, si les fuera posible, encarcelarlo.

No volveré acá a la larga y vergonzosa lista de vulneraciones a los derechos y libertades de Uribe por parte de magistrados de ese tribunal, violaciones que obligaron al ex Presidente a renunciar a su fuero e irse a la jurisdicción ordinaria para su investigación y juzgamiento. Remito a varias columnas que he escrito sobre el tema. Lo que quiero resaltar es que el Fiscal sí ha hecho lo que la Suprema se negó a hacer: verificar la veracidad de lo dicho por Monsalve, supuesto testigo “estrella”, y por otros a los que la Corte no permitió contra interrogar, recibir nuevos testimonios y practicar otras pruebas que había pedido la defensa y habían sido negadas, averiguar sobre los vínculos entre Monsalve y Cepeda, en fin, hacer la tarea de investigar con seriedad, objetividad y a fondo los hechos que se alegan y valorarlos en su integridad.

Ahora, apuesto a que la reacción de Cepeda y Montealegre tiene también otra motivación: el miedo y, en consecuencia, el afán de desprestigiar a quien seguramente terminará acusándolos por eventuales conductas criminales, por sobornar testigos y alteración de pruebas en el caso del primero y por el montaje del hacker al segundo