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Dolor, y exigencias a la justicia, son las reacciones que provoca entre altos funcionarios el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Dirigentes nacionales e internacionales lamentaron el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, ocurrido este lunes tras un atentado armado en junio. Los mensajes resaltaron su labor política, expresaron solidaridad con su familia y reclamaron que el magnicidio no quede impune. La Fiscalía ha capturado a seis personas y busca a los autores intelectuales.

Valledupar, 11 de agosto de 2025.- La muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrida el 10 de agosto tras 66 días de hospitalización por las heridas que sufrió en un atentado en Bogotá, ha marcado un punto de inflexión en el escenario político colombiano. Las reacciones, que abarcan voces nacionales e internacionales, reflejan tanto el impacto humano de su partida como la dimensión política y judicial que adquiere el caso.

Desde el Ministerio Público, el procurador general Gregorio Eljach lamentó “profundamente el fallecimiento del senador y candidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay” y pidió al país “dejar de lado la pugnacidad y la polarización” para abrir espacios de diálogo que conduzcan a la paz.

Para Eljach, “estos hechos repudiables deben ser esclarecidos en el menor tiempo posible por el bien de Colombia y de su proceso democrático”, en una clara alusión a la necesidad de que el magnicidio no quede en la impunidad.

La vicepresidenta Francia Márquez fue enfática en que “la democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política”. Invitó a los colombianos a “unirnos, alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia” y a no permitir que “el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza”.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, subrayó la trayectoria del líder conservador como “un gran ser humano, un líder honesto y valiente” y sostuvo que su asesinato “debe ser un punto de quiebre para Colombia”. “No sólo acaban una vida y destruyen una familia, sino que atentan contra la democracia misma. Quienes dieron la orden deben pagar y deben hacerlo pronto”, afirmó, en una de las declaraciones más duras contra los autores intelectuales del crimen.

Desde el Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro recordó que “el país entero oró con fe e ilusión por su recuperación” y advirtió que “hoy debemos alzar la voz para rechazar la violencia que le arrebató la vida”. Su mensaje incluyó un llamado a “desescalar el odio” y “defender juntos la vida”, en un tono que conecta con las demandas de reconciliación.

Por su partr el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez señaló: Me duele el alma. Que profunda tristeza la que siento por la muerte de Miguel Uribe.  Hoy oramos por su familia y los acompañamos con el corazón, en el dolor y en la indignación. Su asesinato no tiene justificación. Nos devolvieron a la peor versión de Colombia: esa donde pensar distinto se paga con sangre. No solo atentaron contra él, atentaron contra la democracia. Contra todos los que creemos que este país se construye con argumentos, no con balas. Nos duele Colombia . Pero duele más ver cómo la están dejando desangrar. A Miguel lo callaron de la forma más violenta y cobarde. A nosotros no nos callarán. No callarán a toda una Colombia  que con tristeza e indignación se levantará en contra de todo lo que hoy está mal. Hoy, más que nunca, nos queda el deber de alzar la voz. Porque Colombia no se rinde y no vamos a dejar de luchar por ella. Qué tristeza tan grande.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julian Rnedón: ¡Cuánto dolor para una familia! Colombia llora la partida del Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Los Antioqueños enviamos un abrazo que acompañe y entregue sosiego en medio de tanta tristeza y preocupación. Dios nos ilumine para afrontar, con serenidad y firmeza, estas heridas irreparables para la Democracia.

Finalmente, es oportuno advertir que el proceso judicial avanza con la captura de varios presuntos implicados, aunque la Fiscalía mantiene bajo reserva detalles clave de la investigación. Sin embargo, el tono de los pronunciamientos evidencia que la opinión pública y la clase dirigente esperan resultados rápidos, en ese contexto, el señalamiento de que “quienes dieron la orden deben pagar” no es un simple gesto de indignación: es una presión directa sobre las autoridades judiciales y de inteligencia.

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