COLUMNISTAS

De acuerdo a la definición criminal es “la persona que ha cometido o intenta cometer un crimen”;  en la misma fuente, crimen es “toda aquella acción o actividad que se realice sin respetar la ley”. Considerando estas definiciones lo que se observa en Colombia es que la Justicia no juzga criminales, los protege. Para la muestra varios botones:

La Jurisdicción Especial para la Paz JEP sigue empecinada en defender y proteger al narco terrorista alias Jesús Santrich para evitar a toda costa su extradición hacia los Estados Unidos por delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo Santos –Farc en noviembre de 2016. Adicionalmente ha dicho que va a intervenir en los procesos  que adelanta la Fiscalía tendientes a recuperar bienes no reportados por las FARC  por varios billones de pesos. Menciono igualmente las audiencias a puerta cerrada con los principales jefes de ese grupo narcoterrorista, sin la presencia de sus víctimas. Todas las actuaciones de este  espurio tribunal están  encaminadas a defender a los criminales FARC, no olvidemos que ellos mismos lo crearon a su medida.

Estaba en estudio en el Consejo de Estado la pérdida de investidura del ahora tristemente célebre senador Antanas Mockus; quién postuló su nombre, fue electo y se posesionó en esa Corporación estando abiertamente inhabilitado por haber contratado con el Estado meses antes de la elección. Recientemente se conoció un documento de la Cámara de Comercio de Bogotá que certificaba que el mencionado político continuaba siendo el representante legal de la Corporación Visionarios cuando esta entidad realizaba contratos por cientos de millones de pesos con entidades del Estado, tema que el senador había negado aduciendo que él había dejado ese cargo. Pues bien, el Consejo de Estado, pese a las evidencias y a las circunstancias ya mencionadas, decidió mantener la curul del senador Mockus, uno de los autodenominados “decentes”.

Para rematar la desgracia de la Justicia colombiana, en otro polémico fallo, nuevamente del Consejo de Estado decidió mantener la curul como congresista al narco terrorista alias Jesús Santrich, solicitado en extradición por los Estados Unidos. Por un tema muchísimo menos grave retiró la envestidura a la congresista electa Aida Merlano. Sólo en Colombia, gracias a la justicia politizada, un narcotraficante pedido en extradición mantiene su curul de congresista.

Ni que hablar de la poco honorable Corte Suprema de Justicia, dedicada a generar y auspiciar complots para las venganzas personales de algunos de sus integrantes y que nada que avanza con el proceso de investigación de varias denuncias presentadas contra el senador Gustavo Petro (una muy publicitada en redes sociales y que los medios de comunicación decidieron enterrar: El video donde guarda dichoso una importante suma de dinero en efectivo, no declarada en sus campañas, que denominaron La Bolsa de Petro. Otra, la del pagaré por $100 millones de un préstamo no reportado en sus cuentas ante el CNE y también en efectivo).

Por definición la Justicia debe ser imparcial y objetiva. En Colombia, con los ejemplos mencionados, se comprueba que ser de izquierda significa tener patente de corso para delinquir y que la justicia no juzga criminales, los protege.

EL COLMO 1: Al hijo del expresidente Ernesto Samper (electo con dineros del cartel de Cali), Miguel Samper, la JEP le da un contrato por $50 millones por 7 días de trabajo. Se une al grupo de pazófilos  que se han beneficiado con contratos del Carrusel de la Paz: La esposa de Daniel Samper O, sobrino de Ernesto; la esposa de Iván Cepeda (ambas con millonarios contratos en el gobierno de Santos y en la JEP, respectivamente) y los hijos de Humberto de La Calle.  NO HAY DERECHO.

EL COLMO 2: Capturan a fiscal de la JEP recibiendo soborno de us$40.000 (según la Fiscalía General lo pactado eran us$500.000) para evitar extradición de narco alias Santrich. Como siempre, en vez de cuestionar al criminal, la izquierda dice que son ataques a la paz.  NO HAY DERECHO.