EN CAMPAÑA, POLITICA

Las cifras resultado del análisis detectan riesgos al voto libre en zonas críticas y un potencial electoral de 494.434 electores habilitados, una magnitud no marginal en una presidencial competida.

El ICP llama a autoridades y observadores nacionales e internacionales a verificar estos territorios antes de la jornada presidencial.

Valledupar, 19 de mayo de 2026.- A dos semanas de la elección presidencial, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) alerta sobre señales que detectan interferencia de grupos armados ilegales y estructuras criminales que podrían restringir el voto libre.

En varios territorios, estos grupos estarían condicionando cómo votan, si votan y por quién votan los ciudadanos, mediante mecanismos de coerción, vigilancia, presión comunitaria, restricciones informales y control territorial.

“El voto se captura antes de llegar a la urna. Donde no hay denuncias visibles, puede haber miedo. La observación nacional e internacional debe llegar al entorno electoral, no solo al puesto de votación”, afirmó Carlos Augusto Chacón Monsalve, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política.

Veeduría Entorno Electoral 2026 y análisis estadístico

La alerta se sustenta en dos componentes complementarios: la Veeduría Entorno Electoral 2026, adelantada por el ICP y la Fundación Colombia 2050, con 126 veedores ciudadanos en 42 municipios de 15 departamentos, diálogo con partidos políticos y monitoreo de fuentes abiertas; y un análisis estadístico electoral de las elecciones al Congreso 2026, elaborado a nivel de puesto de votación y cruzado con variables territoriales de riesgo.

En el componente estadístico, las cifras encontradas por el ICP detectan 722 puestos físicos únicos con al menos tres señales electorales atípicas convergentes, a los que se suman 103 puestos donde el voto en blanco, nulo o no marcado fue ganador en municipios con riesgo territorial activo.

En conjunto, estos puestos reúnen 327.196 votos efectivos y un potencial electoral de 494.434 electores habilitados. En una elección presidencial, donde los votos se agregan nacionalmente, esta magnitud no puede tratarse como marginal.

Detectan señales que ameritan verificación de las autoridades

Estos hallazgos no constituyen una acusación contra campañas, candidatos o partidos. Son señales que, al coincidir con factores de riesgo territorial, ameritan verificación por parte de las autoridades competentes antes de la elección presidencial.

La evidencia no es sólo estadística. La Veeduría Entorno Electoral 2026 documentó hechos concretos que muestran cómo el voto puede ser condicionado antes de llegar a la urna: en Caquetá, exigencia de certificado electoral bajo amenaza de sanciones o multas; en Guaviare, restricciones al transporte de personas vinculadas a campañas; en El Tarra, presencia de grupos armados en inmediaciones de un puesto de votación; en Guapi y López de Micay, acompañamiento de electores hasta la mesa y registro de la opción marcada; y en Bajo Baudó, constreñimiento a comunidades indígenas.

A lo anterior se suman reportes de partidos políticos sobre restricciones al proselitismo, extorsiones y afectaciones de seguridad a candidatos. Estos casos muestran que la interferencia puede operar mediante miedo, vigilancia, presión comunitaria, restricciones a la movilidad, compra de votos o control territorial, incluso cuando no aparece como violencia abierta.

Un llamado a las autoridades electorales

El ICP está presentando estos hallazgos a las autoridades competentes, acompañados de una lista de 353 puestos físicos únicos priorizados. Además, ampliará la Veeduría Entorno Electoral para la primera y segunda vuelta presidencial, con 204 veedores en 117 municipios críticos.

El Instituto hace un llamado a las autoridades electorales, judiciales y de control a verificar los territorios y puestos priorizados antes de la jornada presidencial; a las misiones de observación electoral nacionales e internacionales a desplegarse en zonas críticas y documentar el entorno electoral; a los candidatos y campañas a rechazar cualquier interferencia criminal; y a la sociedad civil y los medios de comunicación a visibilizar formas de presión que puedan condicionar el voto libre.