COLUMNISTAS

Lo que hoy presencia el país no puede calificarse de otra forma que como un deterioro alarmante de las reglas básicas de la democracia. El escenario electoral rumbo a las presidenciales de 2026 ha dejado de ser un espacio legítimo de confrontación de ideas para convertirse, peligrosamente, en un campo de tensiones marcadas por ataques sistemáticos, deslegitimaciones y estrategias que desbordan los límites de lo razonable.

Los hechos recientes, en los que se ha visto envuelta Paloma Valencia y ahora Abelardo de la Espriella, no pueden analizarse como episodios aislados o coyunturales. Por el contrario, evidencian un patrón que comienza a consolidarse: el uso de mecanismos orientados a desacreditar, intimidar o neutralizar a quienes representan posiciones incómodas dentro del espectro político. Esta práctica, lejos de fortalecer la democracia, la erosiona silenciosamente desde sus cimientos.

Cuando el debate público se sustituye por la descalificación, la sospecha y el señalamiento, lo que realmente se pierde no es una discusión puntual, sino la posibilidad misma de construir consensos. Se degrada el lenguaje político, se trivializan los problemas de fondo y se instala una narrativa de confrontación permanente que termina alejando a la ciudadanía de los asuntos verdaderamente importantes.

La democracia no se limita al acto de votar. Es, ante todo, un sistema que exige garantías, equilibrio y respeto por el contradictor. Supone la existencia de reglas claras y de un entorno donde todas las voces puedan expresarse sin temor a ser perseguidas o anuladas. Cuando estas condiciones empiezan a resquebrajarse, el sistema entero entra en una zona de riesgo que no puede subestimarse.

Resulta profundamente preocupante que, en lugar de elevar el nivel del debate político, algunos sectores opten por estrategias de desgaste, por la estigmatización sistemática y por la manipulación de la opinión pública. Estas prácticas no solo empobrecen la contienda electoral, sino que además profundizan la polarización y debilitan la credibilidad de las instituciones.

A esto se suma un elemento aún más delicado: la normalización de este tipo de conductas. Cuando la sociedad comienza a percibir estos hechos como parte “natural” del juego político, se produce una peligrosa resignación colectiva. Se pierde la capacidad de indignación y, con ello, se abre la puerta a escenarios cada vez más complejos para la estabilidad democrática.

Colombia merece un debate político a la altura de sus desafíos. Un debate centrado en propuestas, en soluciones concretas y en visiones de país que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos. Persistir en esta lógica de confrontación destructiva solo conduce a un escenario donde la democracia se vacía de contenido y se convierte en una simple formalidad sin legitimidad sustancial.

Hoy más que nunca, es necesario hacer un llamado a la sensatez, al respeto y a la responsabilidad política. La contienda electoral no puede seguir degradándose sin consecuencias. Es momento de recuperar el valor de la palabra, el respeto por la diferencia y la importancia de un debate serio y transparente. De lo contrario, no estaremos frente a una simple crisis electoral pasajera, sino ante una amenaza real y progresiva contra la estabilidad democrática del país. Y cuando la democracia se debilita, no hay sector que salga indemne.