“Estoy seguro de que el Congreso de la República no será inferior a las enormes expectativas de más de ocho millones de víctimas, que esperan que la paz germine ya y no sea una ilusión ahogada en medio de interminables debates políticos”.
Barranqulla, 10 de noviembre de 2017. La Procuraduría General de la Nación, hizo un llamado a las Directivas de Senado y Cámara en cartas enviadas a sus Presidentes del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, y de la Cámara, Rodrigo Lara Restrepo, para que den trámite oportuno y aprueben o imprueben la Jurisdicción Especial para la Paz, luego de una discusión seria, responsable y democrática.
El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez, les pidió al legislativo asumir con responsabilidad el debate en las plenarias de lo que para él, considera trascendental el proyecto marcado con el numeral 008 de 2017 Senado y 016 de 2017 Cámara, con el objeto de que este asegure, proteja y garantice los derechos humanos en Colombia, especialmente los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición a las víctimas.
Según el Procurador Carrillo el Congreso de la República no será inferior a las enormes expectativas de más de ocho millones de víctimas, que esperan que “la paz” germine ya y no sea una ilusión ahogada en medio de interminables debates políticos.
Carrillo Flórez reiteró la importancia de proceder al estudio, discusión y decisión final de esta iniciativa que desarrolla el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición, señalado en el punto 5 del Acuerdo Final de Paz. “El llamado de la Procuraduría a las plenarias del Senado y Cámara de Representantes, en ejercicio de sus funciones constitucionales y las establecidas en el Decreto Ley No. 262 de 2000; es aprobar o improbar el mencionado proyecto de ley estatutaria, que daría cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Colombiano, por disposición de Juan Manuel Santos, en materia de respeto y garantía de los derechos (…)”.
Finalmente, recordó la necesidad que tiene la ciudadanía de recuperar la confianza en las instituciones, fortalecer la democracia y cumplir los acuerdos suscritos por el Estado colombiano.