Abusando de pretendidos derechos sobre tierras, un grupo de indígenas autodenominada EL FARO (DAI IUJA), al parecer hacen parte de los Embera Katios, pero no con carácter jurídico pues no se encuentran en el listado de los 115 pueblos reconocidos oficialmente en el censo de 2018 y por tanto oficialmente monitoreados por el Ministerio del Interior de Colombia, a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, han montado cambuches en Medellín, presionando con la presencia de varias familias entre ellos 28 niños en diferente edades de desarrollo y 3 embarazadas. Se han tomado una zona en un barrio de la ciudad, con el argumento de ser “desplazados”, con el lema de “ni un paso atraz ni un paso adelante” (sic), algo así como considerarse plantados cual árbol inamovible. ¿Será parte de su cosmovisión?
Esta misma etnia, es la que ha usado desde hace no poco tiempo a sus niños, para hacer retenes y cobrar en ellos peajes a su antojo, en desmedro del derecho-libertad de locomoción de los colombianos que es norma constitucional, en especial los chocoanos, al desconocer el artículo 674 de la Ley 57 de 1887 que indica que “los caminos” son propiedad de la unión (entiéndase en términos actuales “de la nación”), así estos medios de comunicación pasen por el mismo corazón de los resguardos, porque la Ley y la Constitución, están por encima de sus propias costumbres o cosmovisiones, según lo dispone la misma Carta Política. Esta etnia, fue la que indirectamente prohijó la tragedia con ocasión del deslave en los primeros días del mes de enero del 2024, pues tenían parado un numeroso grupo de vehículos, en espera a que pagaran cien mil pesos por cada uno para dejarlos pasar. Convirtieron esa práctica irregular, ilegal en costumbre, ante la mirada impasible de INVIAS, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Defensa y las alcaldías afectadas territorialmente. Como anoté en otro artículo, hacen los “pueblos originarios” lo que les viene en gana, aprovechando el poco conocimiento de la Constitución y la Ley por parte de las autoridades nacionales y territoriales. Por esta tragedia y las irregularidades de los indígenas que de alguna forma propiciaron la tragedia, además de cobrar para que los grupos de personal de socorro pudieran pasar, no han abierto ninguna investigación, porque los indígenas tienen “encaramadas” a las autoridades nacionales y territoriales. “Ser indígena paga”.
El grupo mencionado se tomó un cerro de Medellín reclamando el territorio reclamándolo como “su territorio”, porque “históricamente este ciudad de Medellin eran de nosotros de los indígena”(sic). Bueno acá además de desconocer las leyes y la Constitución Política, también ignoran su propia historia. Esa etnia no habitaba el Valle de Aburra cuando arribaron los conquistadores. En efecto, en estudios documentados se conoce que desde el año 800 hasta el primer contacto español en 1541, habitaba un pueblo trabajador, que planificaba, además de hacer algo inusual para esos tiempos, guardar o almacenar alimentos que cultivaban generosamente. Los expertos en arqueología los llamaron “grupos humanos tardíos”, pero otros los denominaron Los Aburraes y en su honor el imponente Valle lleva su nombre, porque ocurrió una verdadera epopeya poco conocida, pero que agita las entrañas, pues enfrentaron aguerridamente a los conquistadores, relatando las crónicas como prefirieron suicidarse mediante ahorcamiento, tanto hombres como mujeres, en lugar de someterse al dominio español. Los pocos que quedaron desparecieron por enfermedades o por el mestizaje fenómeno usual de entonces en la América Hispánica, por tanto, estos indígenas están reclamando lo que no les corresponde históricamente, de ahí la importancia de estudiar, de conocer, para no dejarse manejar por intereses particulares y ser o posar de idiotas útiles, dejándose llevar de un lado a otro y patrocinados eso sí. Ya es hora que se revalúen los errores de las Cortes, al tratarlos aún como menores de edad y concederles patentes de corso para que delincan impunemente, pues la Constitución pronto llegará a la edad madura de los 33 años, tiempo más que suficiente para que hayan conocido no solo los derechos que reclaman a toda hora, sino además los deberes que les asiste como todo colombiano.
Pero si en gracia de discusión, hilamos más delgadito, a quienes corresponde la propiedad de las tierras en este planeta, es a los afrodescendientes. Tal cual, como dicen por ahí, porque científicamente se ha comprobado que los primeros seres humanos, habitaron lo que corresponde hoy al continente africano. Gracias al estudio de mi ADN, me asisten derechos a reclamar un metro de tierra en cualquier lugar dentro del planeta azul, pues porto genes afrodescendientes. Pero como mestiza, al igual que el 32.9% de los colombianos, es decir 16.950.000 de la población total aproximada de 51.520.000, al tener además genes amerindios, que no solo los tiene el pueblo Embera Katio, sino todas las etnias que habitaron lo que hoy corresponde al territorio nacional (1.800.000 indígenas) nos asiste el derecho a reclamar un trozo de tierra de nuestros ancestros originarios, dentro del 30% que les fueron asignados, tratando de ubicar con exactitud geográfica el sitio donde se encontraban y sometieron al imperio español. Entre otras cosas cuando arribaron los muy castellanos conquistadores, nuestras etnias eran tributarias de los aztecas o de los incas, lo que desplaza entonces los derechos territoriales a los descendientes de estos imperios que dejaron huellas arqueológicas impresionantes, más no a los descendientes de los menoscabados pueblos originarios y tribales, excepto los taironas, muiscas y sinúes que mantenían mejor organización y tradiciones, e identidad, de lo que da fe el Museo del Oro de Bogotá.
Volviendo al problema de los emberas katios que se califican como “desplazados”, la responsabilidad en la solución del problema, en mayor proporción recae en el gobierno nacional de acuerdo con la Ley 387 de 1997 y el Decreto 790 de 2012, en específico al crear el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, conformado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS en manos de Laurita Saravia), el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio del Interior, La Procuraduría General de la Nación, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Unidad para la Restitución de Tierras. Territorialmente la obligación de brindar apoyo al Sistema mencionado, está en cabeza de los municipios, distritos y gobernaciones, contando con la asesoría de la ACNUR.
Por lo anterior, surgen grandes temores, porque no es secreto que el ejecutivo nacional le declaró la guerra a Antioquia por las derrotas estruendosas en los últimos comicios y las resistencias presentadas por quienes no comulgan con las mal llamadas políticas del “cambio”, además porque el señor de marras, le interesa es regar vida por las estrellas, lo que le hace permanecer “ido”.
No es raro que, hayan sido animados estos indígenas pertenecientes, para venir a fomentar el caos a través de asentamientos en la ciudad de Medellín fastidiando no solo al alcalde, también al gobernador. Mientras Federico Gutiérrez, intenta poner en orden el caos heredado del gobierno anterior, interviniendo por ejemplo a la población en situación de calle, paralelamente le crean un foco de desorden. En mi criterio, por la herencia amerindia socarrona, además desconfiada por la sumatoria de años de experiencia, vislumbro que tras bambalinas se esconde Don Corleone criollo, el mismo que hizo trasladar la guardia indígena a Bogotá, para hacer presencia frente al capitolio nacional, para intimidar a los padres y madres de la patria, mientras discutían la Ley del Plan de Desarrollo. Es tan predecible, que no se requiere esfuerzo alguno para apuntar en esa dirección.
Una respuesta
Excelente todos los artículos de la Dra. Maria Patricia Ariza. Actuales, fundamentados y con profundidad.