NACIONALES, ORDEN PÚBLICO

En 2021 y 2022 la Defensoría del Pueblo emitió dos Alertas Tempranas, con la finalidad de que a la población civil, afectada por enfrentamientos entre las dos estructuras armadas al margen de la ley, le fueran garantizados sus derechos a la vida e integridad, además de otros derechos fundamentales.

La entidad llama a las fuerzas de seguridad del Estado y la institucionalidad gubernamental a proteger a las comunidades étnicas que están siendo afectadas por el recrudecimiento de las hostilidades en parte de la subregión del San Juan, donde el ELN, además, adelanta un paro armado desde el pasado 10 de febrero.

Barranquilla, 13 de febrero de 2024.- Alrededor de 40 familias de la comunidad Chambacú, jurisdicción del municipio de Sipí, en el departamento del Chocó, tuvieron que desplazarse debido a combates entre integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) e insurgentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los núcleos familiares afectados, compuestos por 31 adultos, 28 menores de edad y cuatro madres lactantes, llegaron hasta el territorio de la comunidad Negría, en inmediaciones de municipio de Istmina. El conflicto armado en esa zona de la subregión del San Juan ha derivado en la vulneración de derechos, puesto que los pobladores no pueden ejercer sus actividades diarias, incluidas las laborales, tampoco pueden transportar sus alimentos. Hay restricciones a la movilidad terrestre y fluvial.

“Desde la Defensoría del Pueblo emitimos las Alertas Tempranas 012 del 2022 y 020 del 2021, dados los enfrentamientos entre las AGC y el ELN, los cuales infringen el principio de precaución del derecho internacional humanitario. El escenario de disputa territorial configura graves afectaciones para la población civil, particularmente a las comunidades étnicas. Sus derechos a la vida e integridad deben ser salvaguardados”, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

La comunidad de Doidó, territorio adscrito a Istmina, también se está viendo afectada por los enfrentamientos armados entre los dos grupos ilegales. De continuar la situación de orden público en esa zona, sus habitantes se verían en la obligación de desplazarse.

“Es prioritario que la institucionalidad gubernamental, incluidas las fuerzas de seguridad del Estado, atienda las recomendaciones formuladas en nuestras dos Alertas Tempranas. No es una situación nueva la que están padeciendo las comunidades de Chambacú y Doidó, razón por la que urge un trabajo armonioso y decidido entre los distintos entes estatales, para que sean puestas en marcha acciones desde una perspectiva de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, porque el propósito es evitar nuevos riesgos para quienes en este momento están siendo víctimas del rigor del conflicto armado”, indica el Defensor del Pueblo.

Tanto las comunidades de Chambacú como las de Doidó vivieron a mediados del año pasado un desplazamiento masivo forzado.

La actual situación de orden público se suma al paro armado decretado por el ELN el pasado 10 de febrero en una vasta zona de la subregión del San Juan, lo que agudizaría, de no ser emprendidas medidas efectivas, la situación humanitaria.