CONGRESO, JUSTICIA

Barranquilla, 5 de noviembre de 2024.- La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el expresidente del Senado Iván Name y el expresidente de la Cámara Andrés Calle por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiacióna favor de terceros, por haber presuntamente recibido un millonario soborno de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres para tramitar las reformas del Gobierno Petro.

Los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas deberan responder ante el alto tribunal, en la que la Corte encontró méritos para abrir la investigación que está relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD en las que habrían intervenido Name Vásquez y Calle Aguas como presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para la época de los hechos habrían recibido coimas por parte del régimen de Gustavo Petro para aprobarle sus proyectos de ley.

Es así como los dos congresistas se habrían prestado par recibir los dineros como contraprestación a su gestión, con pagos en efectivo de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres de la unidad, Sneyder Pinilla Álvarez.

Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional.

Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.

La decisión de la Sala se tomó luego de evaluar información recaudada en labores de policía judicial y testimonios practicados por el magistrado instructor y otros suministrados por la Fiscalía General de la Nación.

En la decisión se señala que se cumplen los requisitos para proceder a una investigación formal ante la posibilidad de que los congresistas hubieran incurrido en delitos que atentan o lesionan la administración pública.

Igualmente, se determinó que los congresistas sean citados a indagatoria y se impartieron órdenes de policía judicial para la práctica de otras pruebas.