CONGRESO, JUSTICIA

Barranquilla, 27 de septiembre de 2024.- El Consejo de Estado admitió la demanda presentada por la senadora María Fernanda Cabal en la que se rechazan las nuevas medidas para investigar y judicializar delitos cometidos durante la protesta social.

Se trata de la polémica Directiva 0001 de la Fiscalía General de la Nación, un documento expedido en septiembre de 2024 que ha sido recibido con reservas en algunos sectores de la opinión pública porque en resumen le amarra las manos a la Fuerza Pública y a las instituciones cuando las protestas sociales pasan a ser manifestaciones violentas.

El 17 de septiembre, la congresista interpuso una demanda de nulidad contra la mencionada directriz, argumentando que es inconstitucional. Según la dirigente política, las modificaciones implementadas por el ente acusador en la directriz buscan reducir la intervención de la Fuerza Pública y de los fiscales en situaciones de violencia durante las protestas sociales, lo que a su juicio pone en riesgo la seguridad ciudadana.

El anuncio de la admisión de la demanda fue confirmado por la misma Cabal el 30 de septiembre, a través de su cuenta en la red social X (antes conocida como Twitter). En su mensaje, la congresista afirmó: “Consejo de Estado me anuncia que admitió la demanda de nulidad que interpuse contra la Directiva 0001 de la Fiscalía que pretende disminuir el actuar de la Fuerza Pública y fiscales ante la violencia en las llamadas protestas. La garantía debe ser para los ciudadanos no para los violentos”.

La líder opositora ha sostenido que la instrucción de la Fiscalía se convierte en una suerte de “blindaje” para quienes cometen actos delictivos en el contexto de las protestas, y que la directiva subestima la necesidad de investigar cualquier comportamiento que pueda derivar en hechos criminales.

Estas afirmaciones forman parte de una crítica más amplia que la senadora ha dirigido en repetidas ocasiones hacia las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro, particularmente en lo referente a la seguridad y el manejo de las manifestaciones sociales.

La directiva de la Fiscalía

La Directiva 0001, firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo, introduce un enfoque distinto en el tratamiento de las protestas en Colombia. El documento reafirma que el derecho a la protesta pacífica está protegido por la Constitución y que las alteraciones del orden público que surgen en el contexto de manifestaciones no deben ser motivo, por sí solas, de persecución penal.

Esto representa una clara diferencia con políticas anteriores, que Cabal y otros sectores críticos consideran más firmes en la contención de las movilizaciones.

Uno de los puntos más controvertidos de la directiva es la delimitación del poder punitivo del Estado en las protestas. El documento especifica que el uso de lenguaje vehemente o expresiones fuertes de inconformidad no deben considerarse automáticamente como actos de violencia contra los servidores públicos.

Este aspecto ha generado preocupación entre los críticos, quienes temen que pueda interpretarse como una concesión que permite actos de incitación o desorden bajo el amparo de la libertad de expresión.

Cabal ha expresado en repetidas ocasiones que este tipo de flexibilización de las normas puede abrir la puerta a la impunidad de quienes, bajo el pretexto de la protesta social, cometen delitos como vandalismo, agresiones a la fuerza pública o destrucción de bienes públicos y privados.

El proceso legal

El documento emitido por el Consejo de Estado señala que la demanda de Cabal será notificada a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio Público, quienes tendrán la oportunidad de contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas y, si lo consideran pertinente, presentar una demanda de reconvención. Asimismo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado recibirá una copia electrónica de la demanda y del auto admisorio.

El hecho de que el Consejo de Estado haya aceptado esta demanda no implica una decisión sobre el fondo del asunto, pero sí abre la puerta a un análisis jurídico que podría llevar a la anulación de la directriz de la Fiscalía si se considera que vulnera normas constitucionales. El proceso ahora seguirá su curso legal, y tanto la Fiscalía como el Ministerio Público tendrán que argumentar la legitimidad de la directiva ante el tribunal.