AGRONOTAS

Barranquilla, 5 de septiembre de 2023.- El régimen de Gustavo Petro, a través del Ministerio de Agricultura, habría firmado un decreto con  el que auspiciaría llamado a la movilización social, para traer de los territorios a raspachines, cultivadores, cortadores y recolectores de hoja de coca y marihuana para que como acostumbran salgan a presionar y intimidar a los congresistas y a la población, para que aprueben el controvertido artículo con el que buscan despojar a los propietarios de tierras adquiridas legalmente, al igual que a tenedores, y ser depojados de su propiedad de manera rápida a través de la vía administrativa, y no como corresponde mediante un proceso legal en el que tengan la oportunidad de demostrar su propiedad, y ser vencidos en juicio ante un juez como corresponde.

El decreto que habla de  la creación de Comités Campesinos Municipales y Comités Territoriales, y Asambleas Populares Campesinas, que estarán integrados por mínimo 5 personas, y serían ellos mismos quienes definan las reglas de juego en la que tendrán además derecho a presupuesto. Comités que serían integrados en todo el país, así aparece en el borrador del decreto en el que en una de las siete páginas del decreto, cita 5 artículos de la Constitución, y varias sentencioas de la Corte.

Hace además un llamado a la organización de estos comités, cuyo fin supuesto es “promover la movilización campesina por la reforma agraria”. Así mismo se crearían los Colectivos, con lo que se legalizarían guardias con nexos con el narcoterrorismo.

Con ello, los Comités que funcionarían con autonomía política de las comunidades campesinas y etnica se constituirían en “instituciones sociales territoriales” que tendráin como centro la protesta y la movilización, so pretextos de conquistas sociales, y eleva de rango la protesta que incluye la defensa de la reforma agraria a través de una llamado a la movilización social.

Con el decreto, que no pasaría por el Congreso a quien le corresponde constitucionalmente lgislar estos temas, estarían libremente de aprobarse, llevando a cabo el desmadre de las protestas violentas, y solo será el Ministerio de Agricultura quien supuestamente pueda intervenir.

Igualmente sería entonces la Agencia Nacional de Tierra la que diría cuando procedería la expropiación sin contemplar un pago por la tierra. Y la decisión de expropiación no pasaría por ningún control judicial.