CIUDADES Y DISTRITOS

El pasado lunes quedó demostrado que no hay ni puede haber, en esta fase de la vida de nuestro país, “protestas pacíficas” y que el pretendido “derecho a la protesta social” es una impostura. Es, sobre todo, un artilugio ideológico de la subversión para acabar con el orden público (1).

Lo más importante es que los grupos extremistas que querían mostrar su fuerza este 21 de septiembre, en nuevas manifestaciones contra la supuesta “brutalidad policial”, exhibieron su insularidad respecto de la sociedad. Sus manifestaciones fueron violentas y minoritarias (apenas cinco mil personas –incluyendo los contra-manifestantes que salieron en defensa de la Policía Nacional– en un país de 48 millones de habitantes).

Conclusión: los mamertos quisieron salir a protestar en las calles y al hacerlo demostraron que sus “manifestaciones pacíficas” son un embuste y que ellos no pueden ofrecerle nada al país, fuera de violencia y nihilismo. Esa jornada demostró que la Policía Nacional y el Esmad deben ser reforzados desde el punto de vista operativo y respaldados jurídicamente.

La jornada “sindical” comenzó tranquilamente y terminó en una nueva, y ya habitual, bacanal de pedreas, incendios, heridos, trancones, asaltos y pánico en la población, sobre todo en Bogotá y Medellín. Todo ello realizado por individuos enmascarados que hacían parte de esas “movilizaciones”.

En Bogotá, esa gente deterioró edificios públicos y privados en la calle 12 con carrera séptima y lanzó bombas incendiarias contra un cuartel de la policía. En la Plaza de Bolívar, los “manifestantes pacíficos” arrancaron adoquines y ladrillos para herir a los policías desarmados que custodiaban el Palacio de Justicia. Gracias a un destacamento del Esmad, que los barrió con gases lacrimógenos, los terroristas huyeron.

La Avenida Oriental de Medellín fue otro teatro de graves desmanes. Una oficina del Comando de la Policía fue incendiada con cocteles Molotov. Tres buses fueron quemados en el barrio Robledo-Aures. Un grupo de asaltantes rompió vitrinas de un Banco y logró penetrar unos metros. Incapaces de hacerles frente a los funcionarios del Esmad, los vándalos, muy bien entrenados, no alcanzaron a apoderarse del Banco ni pudieron levantar barricadas y huyeron despavoridos. Por eso sus jefes piden a gritos desde el Senado el desmonte de la unidad antidisturbios (Esmad) y evaporar la Policía.

La ofensiva marxista no se detuvo ahí. Al día siguiente, pasaron al frente otros actores. En la noche del 22 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia lanzó un ukase de 171 páginas contra el gobierno del presidente Iván Duque. Ese texto vulnera el principio de la separación de poderes y busca restringir las atribuciones del poder ejecutivo. Ese fallo le ordena al jefe de Estado pedir perdón por el “uso excesivo de la fuerza policial en el paro nacional del 21 de noviembre de 2019”. Para hacer eso, la CSJ barrió de un manotazo los actos de destrucción que produjeron las “manifestaciones pacíficas” de aquel día y omitió toda referencia a los sangrientos motines del 9 y 10 de septiembre pasado.

La CSJ insinúa que el problema no es la violencia de los grupos ilegales que explotan las manifestaciones callejeras sino la fuerza pública, sobre todo la Policía y el Esmad, instituciones que defienden la sociedad y frenan los desmanes. La CSJ muestra así sus aspiraciones: acaparar abusivamente la gestión del orden público y facilitar el trabajo de quienes buscan derribar un gobierno democrático.

Carlos Bernal, ex magistrado de la Corte Constitucional y profesor de Derecho, criticó sin tardar esa decisión (2). Dijo que ese fallo es inconstitucional, que la tutela era improcedente pues “versa sobre hechos ya acaecidos que han generado pronunciamientos judiciales”. Explica, entre otras cosas, que los peticionarios disponían de otros medios de defensa judicial y carecían por ello “de legitimación activa y no utilizaron los mecanismos judiciales ordinarios para encausar sus pretensiones”.

Sin embargo, el semanario Voz, órgano del PCC, calificó ese fallo de “histórico” pues abre, según ellos, un debate sobre el papel de la Policía. La CSJ había, en efecto, aceptado las peticiones, basadas en hechos inciertos y presentadas por 41 personas, en un recurso de tutela. Los demandantes son casi todos amigos del senador comunista Iván Cepeda y entre ellos aparecen activistas de organismos satélites de las Farc como Marcha Patriótica, etc.

Así, la CSJ demostró ser la caja de resonancia del PCC. Con su nueva chapucería ella le apuesta al desgaste del poder presidencial y al desmonte de la Constitución de 1991. Una corte así es un desafío al Estado de Derecho. En otras latitudes, una célula politizada a ese extremo no podría sesionar un solo día.

Con razón, el poder ejecutivo pidió la revisión del fallo. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, precisó, además, que no presentará excusas y reiteró que “los excesos de fuerza registrados en algunas de esas jornadas de protesta no son una directriz sino actuaciones personales” de algunos miembros de la fuerza policial. Empero, el ministro se equivocó al decir que “la manifestación o protesta pública y pacífica de los ciudadanos está garantizada por la Constitución”. La Constitución jamás emplea la palabra “protesta pública”.

La Carta reconoce en el artículo 37 el derecho a “manifestarse pública y pacíficamente” lo que es muy distinto. En Colombia, sólo las manifestaciones pacíficas gozan de protección constitucional. La izquierda invoca un derecho a “ejercer la protesta social” para legitimar sus tropelías y despenalizar la nueva violencia urbana.

El término “protesta social” no es constitucional. Fue introducido de contrabando por la vía de la jurisprudencia. La sentencia de la Corte Constitucional T-366 del 27 de junio de 2013, de clara inspiración anarquista, incluye esa noción problemática. Es evidente que el magistrado redactor del fallo de antier parece fascinado por esas innovaciones jurisprudenciales que pisotean la Constitución de 1991. Ese magistrado cita la anterior sentencia y cita otra de la Corte Constitucional (C-575 de 2009) que llega al extremo de presentar el ultraje a la bandera como una simple opinión: “la destrucción [de la bandera nacional] o la modificación a un símbolo de la patria puede ser considerada como formas legítimas de expresión política”.

Esto muestra que la sentencia del 22 de septiembre es de largo alcance: va más allá de la santificación de la protesta violenta. El fallo reciente asimila la “protesta pacífica y no violenta” al acto de “discutir” (p. 30) y sugiere que incluso las manifestaciones violentas hacen parte del “derecho a discutir”, del derecho “a cuestionar”, a ejercer una “crítica constructiva”. (p. 32).

El fondo filosófico de esas aberraciones, que la CSJ quiere imponerle a Colombia por la vía disimulada de una jurisprudencia cada vez más obtusa, es la idea de que hay que salir de la democracia representativa y edificar otro sistema ya que “el pueblo puede gobernar por sí mismo”. En la página 38 del fallo el magistrado da a entender que la Constitución de 1991 abre la posibilidad de llegar a una forma de “autogobierno”. “Al pueblo hoy se le reconoce su capacidad y su derecho a deliberar y gobernar, no sólo por medio de sus representantes, a través del sufragio, sino por sí mismo y por virtud de la deliberación colectiva, pública y pacífica.” (CP art. 22).

La “protesta pública” o “social” que conocemos, sobre todo por las destrucciones y muertes que están dejando, es pues solo eso: una forma de “discutir” y de “dialogar” y, sobre todo, de “gobernar por sí mismo” y de avanzar hacia un tipo de “autogobierno”. ¿No eran los bolcheviques de 1917 los que prometían eso mismo? ¿No fueron ellos los que atropellaron esa idea utópica mediante la instauración de la más sangrante y pérfida de las dictaduras totalitarias de la Historia?

Proteger el derecho a manifestar pacíficamente es una facultad del poder ejecutivo. La CSJ, organismo no elegido por el pueblo, solo debe ser la voz de la ley, no el regente del orden público. Al cambiar el sentido de las normas y atribuirse el poder de crear nuevos derechos, como el “derecho a la protesta social”, como dice en varios párrafos el fallo cuestionado, la CSJ da un paso abusivo y anarquista hacia el control del poder ejecutivo y hacia la sacralización de principios nefastos. Un fallo sin alcance aparente como el del martes pasado puede ocultar monstruos.