JUSTICIA, NACIONALES

Académicos expresaron su preocupación por posibles vulneraciones al debido proceso y al secreto profesional en la condena de primera instancia contra el expresidente. Cuestiona la utilización de comunicaciones entre abogado y cliente y la extensión excesiva del fallo como factores que afectan la legitimidad del proceso judicial.

Valledupar, 2 de agosto de 2025.– El Colegio Colombiano de Juristas, una de las voces gremiales más reconocidas del ámbito jurídico nacional, manifestó su “preocupación por los alcances y efectos” del fallo proferido contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el que fue declarado responsable de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En su pronunciamiento, la agremiación subrayó que la sentencia de primera instancia “plantea serios interrogantes de relevancia constitucional sobre la observancia de garantías judiciales esenciales en un Estado social y democrático de derecho”.

Aunque respalda la independencia judicial y el acatamiento ciudadano a las decisiones de los jueces, la organización sostiene que este tipo de providencias, por su trascendencia, deben ser sometidas a un análisis técnico y jurídico riguroso. Uno de los principales reparos gira en torno a la utilización de interceptaciones de comunicaciones entre Uribe y su abogado defensor.

Según el gremio, ello vulneraría el secreto profesional, el derecho a la intimidad y la eficacia de una defensa técnica. En respaldo a su posición, recuerdan que la Procuraduría General de la Nación ya había advertido sobre los riesgos de admitir esas pruebas en un proceso penal.

“La afectación de derechos como la privacidad de las comunicaciones abogado-cliente, la imparcialidad, la valoración de pruebas solicitadas por la defensa y la proporcionalidad en la motivación judicial preocupan especialmente”, advierte el documento.

También se cuestiona la extensión del fallo —que supera las mil páginas— como un obstáculo para la claridad y la eficacia del debate judicial. A juicio del Colegio, una motivación excesiva puede proyectar una imagen de esfuerzo desmedido para justificar decisiones controvertibles.

El gremio concluyó confiando en que la segunda instancia revise los hechos con apego a la Constitución, los estándares internacionales y el respeto por los derechos fundamentales.