CONGRESO

Barranquilla, 4 de marzo de 2025.- La transmisión por segunda ocasión un Consejo de Ministros en cadena nacional ha generado un nuevo pulso político con la oposición. La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, presentó una acción de cumplimiento contra el Departamento Administrativo de la Presidencia, argumentando que la decisión de televisar la reunión ministerial viola la Ley 63 de 1923, que establece la absoluta reserva de estas sesiones.

«Como se los anuncié, interpuse acción de cumplimiento contra el Departamento Administrativo de Presidencia por violar la Ley 63 de 1923, que es clara en establecer que las sesiones de Consejo de Ministros son absolutamente reservadas», denunció Cabal a través de su cuenta de X (antes Twitter). «Esto no es una dictadura y Petro no puede hacer lo que le viene en gana con sus ‘alocuciones’ interminables».

La congresista fue más allá y recalcó que el Ejecutivo no tiene la facultad de decidir a discreción cuándo aplicar la reserva y cuándo no. «No hay relatividad en la condición de la norma mencionada, la reserva es absoluta por mandato legal. Este es un abuso que pone en riesgo las decisiones del Estado», aseveró.

La decisión de la Presidencia de emitir el Consejo de Ministros del 3 de marzo en televisión nacional recuerda la primera transmisión, llevada a cabo el 4 de febrero, en la que quedaron expuestas fuertes tensiones dentro del gabinete. Aquella reunión fue el escenario donde se evidenciaron fisuras al interior del equipo de gobierno, acentuadas por la designación de Armando Benedetti como jefe de despacho, quien actualmente funge como ministro del Interior.

El sustento legal de la demanda

La Ley 63 de 1923 es clara en su artículo 9: «Las sesiones del Consejo de Ministros, siempre y cuando actúen como cuerpos consultivos, son absolutamente reservadas». La norma establece, además, que no se puede revelar el nombre del ministro encargado de un asunto específico cuando se trate de consultas dentro de esta instancia.

Cabal sostiene que la decisión del presidente Petro de emitir estas reuniones en cadena nacional es una clara violación del ordenamiento jurídico. Además, citó la Sentencia C-1172 de 2001 de la Corte Constitucional, la cual limita las alocuciones presidenciales a temas urgentes y de interés nacional. «Petro no puede hacer alocuciones cuando le venga en gana y sin término de tiempo», denunció la senadora. «Estas intervenciones deben ser personales y sobre asuntos URGENTES, no para un show de ministros».

Por otra parte, la Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, establece que, aunque la regla general en Colombia es la publicidad de los actos gubernamentales, existen excepciones claves. Entre ellas, se prohíbe divulgar información relacionada con la seguridad nacional, decisiones de política exterior y estrategias de inteligencia, debido a los riesgos que su publicación podría implicar para la estabilidad del Estado.

Un nuevo frente de batalla política

La acción legal de Cabal se suma a una larga lista de enfrentamientos entre la senadora y el gobierno de Gustavo Petro. La congresista se ha convertido en una de las voces más críticas de la administración, denunciando lo que considera «abusos de poder» y «acciones inconstitucionales». Su postura ha sido respaldada por otros sectores de la oposición, quienes ven en la televisación de estos Consejos de Ministros un intento de «manipulación mediática» y «propaganda gubernamental».

Desde el Gobierno, la decisión de emitir estos encuentros en cadena nacional ha sido defendida con el argumento de la transparencia. «El país tiene derecho a conocer en tiempo real las discusiones y decisiones que afectan su futuro», afirmó un alto funcionario del Ejecutivo.

Sin embargo, los analistas políticos advierten que esta estrategia podría tener un costo para el propio gobierno. «La primera transmisión mostró las fracturas internas del gabinete y generó más incertidumbre que confianza», explicó un experto en comunicación política. «No es claro si repetir esta dinámica favorecerá a Petro o terminará exponiendo aún más las fragilidades de su administración».

Por ahora, la acción judicial de María Fernanda Cabal marca el inicio de un nuevo episodio en la intensa disputa entre la oposición y el gobierno de Petro. Mientras el presidente insiste en hacer de la transparencia su bandera, sus detractores lo acusan de estar dinamitando las bases legales que rigen el ejercicio del poder. En este choque de visiones, el desenlace jurídico podría sentar un precedente clave sobre los límites de la comunicación gubernamental en Colombia.