AGRONOTAS

Desde la alcaldía advierten que el asentamiento estaría siendo utilizado para impedir la intervención policial y presionar la entrega de terrenos administrados por la SAE. El Gobierno nacional fue citado a una mesa urgente de diálogo este viernes.

Valledupar, 26 de noviembre de 2025. Las tensiones por disputas de tierra regresaron al occidente de Caldas. Desde el fin de semana, integrantes de comunidades indígenas provenientes de Chocó y Risaralda ocuparon un predio perteneciente a una entidad bancaria en inmediaciones de Anserma, lo que obligó a la reacción de las autoridades locales y de la Policía.

El alcalde Omar Andrés Reina aseguró que la situación dejó de ser un conflicto estrictamente territorial y evoluciona hacia una crisis social. “Se han ubicado en un predio de propiedad de una entidad bancaria. Eso escaló a un estado de un problema social, de violencia, de desnutrición infantil muy complejo”, señaló, advirtiendo que en el asentamiento permanecen menores de edad, ancianos y mujeres en gestación.

Según el mandatario, los grupos recién llegados no cuentan con reconocimiento del Ministerio del Interior, a diferencia de las dos comunidades indígenas asentadas oficialmente en el municipio, con las que no existen disputas. El problema, dijo, “radica en la llegada reciente de nuevos grupos que no cuentan con ese reconocimiento” y que estarían ocupando predios en Anserma, San José y Belalcázar para exigir su entrega.

La Personería municipal confirmó la presencia de población vulnerable en cambuches, con acceso limitado a agua, alimentos y servicios básicos, y señaló que el objetivo es garantizar sus derechos mientras avanzan los diálogos. Tras varias reuniones, se pactó un encuentro para este viernes con representantes de la SAE y la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de aclarar procedimientos y revisar eventuales adjudicaciones.

Desde la Organización Regional Indígena de Caldas, uno de sus voceros sostuvo que su presencia hace parte de un movimiento nacional que reclama predios en extinción de dominio administrados por la SAE, y que no bloquearán vías “siempre y cuando no haya intervención de la Policía”.

El alcalde, sin embargo, insistió en que el municipio no negociará bajo presión. “No estamos dispuestos a acceder a ninguna pretensión a través de vías de hecho. Cada vez que se ocupe de manera ilegal un predio, actuaremos con la fuerza de la ley”, afirmó.

Finalmente, las autoridades locales advierten que detrás de las invasiones existe también una estrategia jurídica para prolongar la ocupación. Según la Alcaldía y la Personería, algunos líderes buscan llevar cualquier intento de desalojo “hasta un juzgado”, quitando la competencia a las inspecciones de Policía y trasladando el proceso a la justicia ordinaria. Ese cambio —aseguran— permitiría extender la permanencia en el predio mientras se resuelven tutelas, medidas cautelares e incidentes de protección de derechos fundamentales.