JUSTICIA, POLITICA

Barranquilla, 27 deagosto de 2024.- El Tribunal Superior de Bogotá desestimó la solicitud por parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de anular el proceso en su contra Álvaro Uribe Vélez, por presunto soborno y fraude procesal. Por lo que se destraba el proceso e iniciarían las audiencias preparatorios del juicio.

Así lo definió este martes por parte de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, quien negó la solicitud en la que se alegaba que la Fiscalía adicionó el delito de soborno, en el caso de la ex fiscal Hilda Niño.

Según denunció el abogado Jaime Granados ese último cargo de soborno no hizo parte de la imputación en la fase indagatoria.

“Confirmar la decisión del 24 de mayo del 2024, mediante la cual el Juzgado 44 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá negó a la defensa técnica la nulidad de lo actuado. Segundo, contra esta decisión no procede recurso alguno”, dijo el magistrado en la audiencia.

El magistrado argumentó que en la petición de la defensa del expresidente Uribe no hubo razones suficientes para analizar el contenido de las sentencias de la Corte en materia de controversia, ni de nulidad.

“En consecuencia, al no haberse demostrado y validado los fundamentos de derecho que, a la vez, permitieran la revisión de los fundamentos de derecho que refiere la defensa en uso del recurso de apelación, exime al Tribunal de dar por despuntada la concurrencia de tal principio, es decir, el de acreditación, necesario en el estudio de la nulidad y, por ende, aparece como efecto lógico que se confirme la decisión de primer grado en materia de la apelación, y se regresará a la actuación de manera inmediata para que continúe el trámite procesal en lo que corresponda”, dijo Merchán.

Por su parte, la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema, Marlenne Orjuela, encargada actualmente del caso, aseguró que la imputación que formuló en su momento fue clara y precisa y la acusación también fue concreta en señalar que el exmandatario debe responder a título de dolo directo por ese delito.