COLUMNISTAS

Los únicos que objetan la importante labor del profesor Darío Acevedo Carmona al frente del Centro Nacional de Memoria Histórica, desde febrero de 2019, es el grupúsculo sectario de siempre, el mismo que controló a sus anchas, durante ocho años y en la más grande opacidad, esa dependencia administrativa.

Ese equipo estaba empeñado en cumplir una sola tarea: que todos los recursos intelectuales y financieros del CNMH fueran canalizados para imponer como verdad revelada un embuchado narrativo que avergüenza a todo historiador que se respete (1). Pretendían (y los viudos del poder siguen gritando lo mismo desde los techos) que la violencia de las FARC, y de las otras narco-guerrillas comunistas, sólo fue “un elemento discursivo desde el marxismo” de un “actor político” aunque éste haya “trasgredido el orden jurídico constituido” (2).

Cincuenta años de atrocidades, manipulaciones y mentiras de todo calibre, cometidas por implacables bandas criminales, son ocultados y convertidos en un mero “discurso” de un actor no armado pues únicamente “político”.

Lo hecho en Inzá, Bojayá, El Nogal, Machuca, la Escuela General Santander, para escoger solo cinco matanzas entre tantas otras, fueron “elementos discursivos” de las Farc y del Eln.

La montaña de asaltos sangrientos contra colombianos inermes de todas las clases y categorías sociales, y contra las fuerzas armadas y de policía de un Estado democrático, es glorificada por la clique que inspira a quienes pretendían seguir controlando el CNMH tras el fin del periodo del presidente JM Santos.

Son ellos los que insisten en que las FARC, como lo escribe con gran cinismo Francisco Toloza, acudieron a la violencia en calidad de “actor político” y que esa violencia masiva era impartida en defensa de “los intereses de unas clases” y, sobre todo, siendo “fiel a la tradición extra-parlamentaria propia del acervo de los partidos comunistas”.

Si retiramos ese maquillaje retórico, esto quiere decir, en lenguaje corriente, que el empleo de la violencia por parte de las FARC fue, en realidad, un gesto político “tradicional” de justicia de clase, plenamente conforme al derecho, y no solo al derecho colombiano sino a un derecho más vasto y superior: el de “los partidos comunistas”.

Con tales adulteraciones quieren imponerle al país la falsa visión apocalíptica de que, en Colombia, unas clases sociales, dirigidas por el partido comunista, se levantaron en armas contra otras clases sociales. Y que en ese supuesto levantamiento masivo jamás hubo participación del bloque comunista internacional.

Tal es la razón de la lucha desesperada de ellos para aplicar a rajatabla la fórmula “conflicto armado interno” y descarar el concepto de agresión terrorista de largo alcance.
Adoptar una u otra terminología tiene consecuencias. Si aceptamos la del “conflicto armado interno” tendremos que tragar otro mito: que la actual violencia narco-comunista (de las FARC-Segunda Marquetalia, del ELN, etc.), debe seguir su curso pues todo lo que ocurre en materia de lucha social, política y cultural es el reflejo de una guerra de clase contra clase en el que el comunismo dirige “la pugna por el poder del Estado”. Conclusión: no habrá paz hasta que el comunismo tome el poder.

Eso es lo que está en juego y lo que explica las intrigas contra la dirección actual del CNMH.

Los fanáticos que exigen que un marxista regrese a la dirección del CNMH no hacen más que cumplir el legado de Luis Morantes, mejor conocido como Jacobo Arenas, un sanguinario que pretendía ser el mayor “ideólogo” de las FARC hasta su muerte en 1990. Él decía eso mismo aunque en el lenguaje brutal propio de su rango.

Es evidente que la Historia fue proscrita en la etapa inicial del CNMH. Si quieren sacar al profesor Darío Acevedo es porque quieren expulsar de nuevo la Historia del CNMH. El objetivo mamerto es hundir la Historia del país bajo una capa de memoria arreglada.

Incluso acudieron a una secta internacional rarísima que vive gracias al dinero de George Soros. Esta gesticula desde Nueva York y pide la cabeza de Darío Acevedo. Otra reciente muestra de esa ofensiva es el iracundo comentario de un columnista del diario antioqueño El Colombiano que acusa al presidente Iván Duque de “torpedear los acuerdos” Farc/Santos y le exige, al mismo tiempo, destituir al profesor Acevedo (3).

Es verdad que los leninistas prefieren la Memoria y desconfían de la Historia. Saben bien que la Memoria reposa sobre el recuerdo, la imaginación, la divagación, la conjetura, y hasta en el falso rumor. Por eso ella es el mejor aliado de la propaganda. La Historia, en cambio, es un instrumento exigente. Basado en el examen detallado y contradictorio de archivos, documentos, periódicos, testimonios y otras pruebas incontestables, el trabajo del historiador es un mejor instrumento para conocer el pasado y comprender el presente.

Los comunistas no aceptan que un historiador ocupe ese cargo y no un marxólogo disciplinado dispuesto a “recoger la memoria” (como dicen ellos) para engordar una leyenda. ¿Por qué ahora? Porque quieren que el Museo de la Memoria también sirva ese plato.

La Historia es, pues, evacuada para que reine la Memoria. Pero hay otros cambalaches. Un grupo pretende que “hay conflicto armado interno” porque lo dice la ley 1448 de 2011 (4). ¿Desde cuándo una evaluación político-social es decidida por una ley? La ley no puede dictarle conclusiones al historiador, ni al sociólogo, ni al economista, ni al demógrafo.

Otros dicen que “hay conflicto armado interno” porque una universidad sueca lo dijo. El defensor de esa cursilería agrega que una universidad americana fijó un criterio: hay “conflicto armado interno” si la violencia es “intensa”, “organizada” y genera “combates”. Dudo que una universidad americana maneje hipótesis tan simplistas. Habría entonces que clasificar de esa manera una cantidad de ofensivas terroristas donde esos criterios aparecieron: en Estados Unidos contra los Weathermen, el SLA y Al Qaida; en Israel contra las facciones terroristas palestinas; en España contra Eta; en Italia contra las Brigadas Rojas; en Francia contra Acción Directa y el terrorismo islámico; en Alemania contra la Banda Baader; en Uruguay contra los Tupamaros; en Argentina contra los Montoneros y el ERP; en Perú contra Sendero Luminoso; en Turquía contra el PKK. La lista es larguísima. Ninguno de esos desafíos es clasificado de esa manera.

Otro grupo cree ver en Colombia un “conflicto armado interno” porque el Derecho Internacional Humanitario lo dice. Estos últimos quieren preservar un curioso arsenal normativo que, en ciertos casos, crea más problemas que soluciones. Esa legislación dificulta, e impide en algunos momentos, la defensa del Estado democrático contra la agresión terrorista, con el pretexto de la preservación de los derechos humanos. ¿Preservación para quién? ¿Se imagina lo que habría sido la lucha contra Al Qaida y contra el Estado Islámico si Estados Unidos se hubiera sometido a esas reglas? Ben Laden estaría de primer ministro en Pakistán y Abu Bakr al Baghdadi sería el presidente de Irak.
Atornillar esa teoría en el CNMH le conviene a muchos, sobre todo al principal logro de los pactos Santos/FARC: la JEP. La justicia “especial” consiste en disculpar los crímenes de las FARC pues éstos son, según el PCC, “actores políticos” que participan en una “pugna por el poder del Estado”.

Luego la impunidad para los miembros del Secretariado y los otros verdugos de esa organización es un efecto lógico. Sin memoria amañada no hay justicia “especial”. George Orwell escribió: “Quien controla el pasado controlará el futuro”. En consecuencia, el Museo de la Memoria terminaría también siendo desviado y convertido en un monumento pro FARC.

Quien agita lo del “conflicto armado interno” trabaja, quiéralo o no, para implementar el pacto Santos/FARC, rechazado por los colombianos en el referendo de 2016, y para desmovilizar a Colombia ante la violencia de las FARC Segunda Marquetalia, y de su cómplice el ELN.

Notas

(1).- Un solo ejemplo del tipo de “informe” producido por el CNMH en esa época: Mario Aguilera Peña, en su ensayo “Guerrilla y población civil: trayectoria de las FARC 1949-2013”, pretende que éstas gozaban de una “legitimidad” en las zonas agrarias “hasta 1978”. Ese autor dice que las FARC se establecieron y pusieron en marcha “un marco organizativo que entró a suplir algunas de [las] responsabilidades del Estado” y “permitieron un mejor orden social.” La santificación de las FARC es el hilo conductor de ese texto. Este justifica la aparición de las FARC. Esa organización fue creada pues los campesinos buscaban “mejorar sus condiciones de vida”. Según Aguilar, las FARC hicieron “una guerra de resistencia o de sobrevivencia” hasta en el primer gobierno de Álvaro Uribe. Ver también la reseña de José David Moreno del libro de Aguilera.

(2).- Es lo que escribió Francisco Toloza F. en su artículo “¿Son las FARC-EP un actor político?”. Toloza se define como “politólogo e investigador de la Universidad Nacional”. Su texto fue incluido en un libro –una recopilación de artículos, en realidad– del historiador marxista Carlos Medina Gallego, intitulado “FARC-EP. Temas y problemas nacionales, 1958-2008”, publicado en Bogotá por la Universidad Nacional de Colombia en 2009.
(3).- elcolombiano.com/opinion/colu…
(4).- La ley 1448 de 2011 utiliza a título indicativo el término “conflicto armado interno”, pero ello no constituye un “reconocimiento” científico de una realidad socio-política.