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La ADR, Agencia de Desarrollo Rural tiene entre sus funciones fundamentales apoyar e impulsar el Desarrollo Agropecuario y Rural mediante la cofinanciación de proyectos asociativos productivos sean estos emprendimientos agropecuarios o no agropecuarios, es la forma efectiva que tiene el Estado para hacer presencia en sectores apartados de la sociedad rural, “DECRETO 2364 DE 2015(diciembre 07), Artículo 3°.Objeto. El objeto de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) es ejecutar la política de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la estructuración, cofinanciación y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural nacionales y de iniciativa territorial o asociativa,….”. La dinámica de esta función hace necesario tener caminos expeditos para el acceso a recursos a potenciales usuarios quienes mediante la figura de las Asociaciones deben presentar ante la entidad los proyectos productivos para el estudio de la documentación y disponibilidad presupuestal sea aprobada y viabilizada su cofinanciación.
Revisando toda la exigencia documental que requiere para acceder a la colaboración por parte del Estado a través de la ADR se encuentran trámites engorrosos los cuales se están exigiendo a usuarios, quienes hacen parte de las asociaciones potenciales beneficiarios de cofinanciación estatal; Se ha aumentado el número de empresarios del campo para la asociación, generando mayor número de beneficiarios que presenta los proyectos sea admisible, los formatos o marcos generales de referencia para la presentación de las propuestas deben ir acompañados de documentación individual de cada uno de los asociados firmantes lo que hace farragoso, dispendioso y demorado la consecución de estos documentos que en muchas ocasiones tienen fechas de vigencia y al finalizar la estructuración documental en no pocas ocasiones se encuentran por fuera de términos y hace necesario reiniciar la recolección de estos nuevamente.
El Decreto 2106/2019, más conocido como Ley Anti tramites en su Artículo 10 • “Objeto. El presente decreto tiene por objeto simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la Administración Pública,…”, permite la revisión de trámites y procedimientos ante la institucionalidad, máxime si tenemos en cuenta que los usuarios si bien son Personas Jurídicas, Asociaciones, sus asociados por regla general son Campesinos que no cuentan con suficiente formación académica y en pocas oportunidades cuentan con toda la documentación personal que se solicita. Otro punto a tener en cuenta es la facilitación de documentos en líneas que reposan en otras entidades estatales quienes mediante la colaboración armónica bien pudieran cruzar las informaciones y documentaciones solicitadas, en fin, se debe agilizar y colaborarle al potencial usuario en los tramites y hacer de ellos una oportunidad para conocerles mejor y no una talanquera para deshacer de muy buenos proyectos que en muchas ocasiones no llegan a llenar los requerimientos documentales que se solicitan.
Sobre el particular, Indalecio Dangond Baquero ha propuesto la creación de las Cámaras Agropecuarias y Desarrollo Rural alternas a las actuales Cámaras de Comercio, estas serían de gran importancia frente a muchos trámites que se solicitan para acceder a estas cofinanciaciones por parte del Estado a través de ADR u otros organismos institucionales de cofinanciación, sean públicos o privados, allí estarían concentradas las informaciones de las asociaciones agropecuarias y sus asociados, objeto, sus composición de capital, obligaciones, etc., cada vez se hace necesario empezar a decantar y depurar esta idea para conocernos mejor quienes desarrollamos actividades en el Sector Agropecuario y Rural.
Igualmente urge tener una sección de apoyo al usuario, campesino o Empresarios del Campo, en las diferentes Unidades Técnicas Territoriales. (UTT), dispersas en el Territorio Nacional y en Secretarias Departamentales de Agricultura de los Departamentos donde estas no operan directamente, prestos a generar a los usuarios la colaboración que sea necesario para el éxito de la gestión ante las entidades ya sea a nivel seccional o nacional.
Si bien es cierto que las documentaciones que solicitan por regla general tienen por objeto conocer mejor al potencial usuario de los recursos del estado, no es menos cierto que muchos de los documentos son públicos que bien pueden ser requeridos por las redes de intranet de las diferentes entidades estatales para agilizar la aprobación o rechazo de proyectos llevados a estudios, en la medida que se haga de manera ágil y rápida igualmente serán los resultados que se buscan.
Miguel Ángel Lacouture Arévalo
Práctico en Desarrollo Rural
@lacoutu