JUDICIALES

El gobernador, Ricardo Alvarado, denunció públicamente que le cobraron cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000) para no vincularlo a una investigación penal.

Barranquilla, 7 de septiembre de 2018.- La Fiscalía General de la Nación, informó este jueves que luego de un trabajo articulado con el Grupo Anticorrupción de la Dijin adscrito a la Policía Nacional, identificó un caso de presunta extorsión contra el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, en el que le exigieron la suma de cinco mil millones de pesos $5.000.000.000 para no vincularlo a una investigación por corrupción.

Afirmó el ente investigador que la denuncia fue interpuesta luego de que “un asesor del despacho de la gobernación denunció que fue citado por varias personas que le manifestaron la existencia de un proceso por presuntos actos irregulares en los que podría ser vinculado el mandatario departamental.  El denunciante aseguró que, en  esa oportunidad, le pidieron cinco mil millones de pesos $5.000.000.000 para supuestamente modificar información que pudiera involucrar al gobernador”.

En realidad, la Fiscalía tenía abierta una línea investigativa por presuntas anomalías en la construcción de las sedes del Gaula y la Sipol de la Policía Nacional en Arauca, un contrato que ascendía a diecisiete mil millones de pesos $17.000.000.000.

Por las exigencias económicas denunciadas para direccionar el curso de la investigación, la Fiscalía y la Dijin de la Policía Nacional – Grupo Anticorrupción- lograron la captura del abogado José Guillermo Restrepo Niño y el patrullero Óscar Andrés Cantor Vásquez, como presuntos responsables de estos hechos.

En las próximas horas los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, y el fiscal de conocimiento les imputará cargos por el delito de extorsión.

Las acciones conjuntas entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional se mantendrán para poner en evidencia y actuar contra actos individuales de corrupción que pongan en riesgo la confianza de la ciudanía en las instituciones.