Barranquilla, 17 de agosto de 2018.- El jefe del Ministerio Público Fernando Carrillo Florez, posesionó este jueves en Santa Marta como nueva Procuradora Regionala del Magdalena, a Ligia Morales, quien será la encargada de conducir las investigaciones hasta obtener los resultados necesarios para esclarecer los hechos que son objeto de las denuncias de concejales y el personero de la ciudad.
Así mismo, anunció la creación de una comisión para investigar los hechos que estará a cargo de la Procuradora Delegada para la Fuerza Pública y Policía Judicial, Carmen Giovanna Restrepo Medina.
“Es muy importante decirle a la ciudadanía que cualquier persona que tenga hechos y pruebas en relación con lo que aquí se ha denunciado es bienvenida. Esperamos pruebas ciertas y sólidas, esto no es un ejercicio de dimes y diretes”.
Carrillo Flórez aseguró que la Procuraduría va a adelantar las investigaciones con el máximo rigor, según él, respetando el debido proceso. “Yo no soy cuota política de nadie en este país. Yo no represento los intereses de ningún partido político. Mi única divisa en este momento es el interés público”.
El jefe del órgano de control añadió además que la Entidad adelanta 33 procesos disciplinarios por casos del departamento de Magdalena, la mayoría reposan en la Provincial Santa Marta, tres de estos respecto del tema de la salud, fueron trasladados a Bogotá.
Entre los procesos que adelanta la Entidad, el Procurador aseguró que en la Procuraduría Provincial de Santa Marta hay cuatro expedientes activos en contra de funcionarios de la Personería Municipal y uno por presuntas irregularidades en el contrato de alumbrado público.
Adicionalmente señaló que en la Regional Magdalena hay dos procesos contra funcionarios del Concejo Distrital de Santa Marta y uno contra un funcionario de la alcaldía.
Frente a la licitación para el proceso de alumbrado público en la capital de Magdalena, el Procurador General aseguró que el único oferente no cumple con los requisitos para acceder a su adjudicación, advertencia que se ha hecho en desarrollo de la acción preventiva que adelanta la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. “Lo hemos dicho de todas las formas, no se reúnen los requisitos, ni técnicos, ni jurídicos, ni financieros”, puntualizó.