GOBIERNO

Valledupar, 9 de marzo de 2018.- Con el decreto 762 del 7 de mayo de 2018, con el que se adopta una política pública que supuestamente estaría buscando “promover, respetar, restituir y garantizar los derechos de los homosexuales o grupos de personas o individuales catalogadas como LGTBI, firmado este 7 de mayo, el gobierno de Juan Manuel Santos, busca antes de irse dejar implantado o perpetuar lo que durante su gobierno promovió.

Según aseguró el Noticiero CMI, el decreto se expide tras el llamado de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que según estos Tribunales en Colombia hay déficit de protección de los derechos de los LGTBI. Sin embargo “desconocen estos Tribunales que el Gobierno de Juan Manuel Santos tuvo Ministras Lgtb incluso cónyuges, incluso como cabeza del Ministerio de Educación que rige la educación de menores y adolescentes inocentes”, aseguró una fuente quien señaló que no es necesario citarla porque todo el país es testigo de los hechos.

Así mismo desconoce la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que durante este periodo de 8 años de Juan Manuel Santos, “en el Congreso permanecen sectores LGTB, desde donde vociferantes insultan y agreden no solo a sus compañeros de bancada, sino que también insultan a los ciudadanos”, tal como ha sido denunciado en múltiples ocasiones.

Sin embargo, el objetivo de este decreto, supuestamente busca garantizar  los derechos a la vida, la libertad, integridad y acceso a la administración de justicia para los LGTBI, con una supuesta “tutela judicial efectiva”. Con los que estarían “identificando supuestos actos de discriminación asociados a la diversidad sexual de género”. “No puede haber lugar a que la orientación sexual sean usadas como un criterio para limitar, restringir o negar el acceso a los bienes y servicios del Estado”, señala el decreto de Santos.

Para el Gobierno de Juan Manuel Santos, la comunidad LGTB son “sujetos de especial protección”, por lo que con el decreto busca “promover y garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, con énfasis en el derecho a la salud, educación, trabajo, vivienda, recreación, deporte y cultura. Este punto señala CMI, busca remover las barreras existentes en el acceso a los derechos e impedir que surjan nuevas barreras por tratarse de sujetos de especial protección”.

Además de la promoción de espacios de participación en la política, en la sociedad y en y plantea mecanismos que garanticen una vida libre de violencia a niños y niñas y adolescentes con orientación sexual diversa, fijando protocolos de denuncia y de judicialización.

En este decreto al parecer también estaría buscando una base de datos de esta población, a través de las entidades nacionales y territoriales quienes estarían implementando protocolos que permitan “diferenciar a la población acorde a su orientación sexual e identidad de género en los registros administrativos y en los sistemas de información para facilitar la caracterización y el registro de información de las personas que hacen parte de los sectores LGTBI”.

Ya antes el gobierno de Juan Manuel Santos el 1 de marzo de 2018, firmó el decreto 410 de 2018, con el que se escandalizó también la ciudadanía, con el decreto “Por el cual se adiciona el Título 4 a la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, sobre sectores sociales LGBTI y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, Capítulo 1 sobre prevención de la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, mediante la promoción de la acción afirmativa #AquíEntranTodos”