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Barranquilla, 1 de marzo de 2018.- Este miércoles en la ciudad de Barranquilla, la Ministra de Educación Yaneth Giha afirmó que tomó nuevas medidas para asegurar la educación de los 12 mil estudiantes que pagaron su matrícula en la Universidad Autónoma del Caribe que se encuentra en cese de actividades a raíz de la crisis denunciada desde hace más de 6 meses por Costanoticias y que se venía presentando con regularidad y que con el pasar de los días se ha venido empeorando además de dejar al descubierto toda una trama sin precedentes, afirman docentes padres de familia y estudiantes.
Afirmó la Ministra que entregó en total 12 órdenes a los órganos de la Universidad, como lo son la Sala General, el Consejo Directivo y al rector Ramsés Vargas, una de estas nuevas medidas es una orden a las directivas de la Universidad para la creación de una Fiducia, con el propósito de que a través de esta se controlen los ingresos, gastos y pagos siendo priorizados el sueldo de docentes contratistas y de planta, además de lo referente a la seguridad social.
Afirmó que esta medida permite tener una cuenta –separada del patrimonio de la institución– para que en ella se reciban, en una única bolsa, todos los recursos que deban ingresar a la universidad, entre ellos, los pagos de deudores, de matrículas y derechos académicos.
Con la constitución de esta fiducia, se pone freno al pago de matrículas en efectivo y se puede hacer un mejor control de los recursos, para poder enfrentar las dificultades por la que atraviesa esta universidad.
Explicó la Ministra que “En la actualidad, los ingresos que está recibiendo la institución están llegando a diferentes cuentas y fiducias, de las cuales se prioriza el pago de las obligaciones financieras y a terceros, y no a la operación de la Uniautónoma –explicó la Ministra–. Con la constitución de esta fiducia se tendrá un mejor control de los ingresos de la universidad, se garantiza que los recursos se destinen, principalmente, a la prestación del servicio educativo y se podrá hacer un seguimiento permanente al manejo y destinación de estos recursos”.
Así mismo prohibió el giro de dineros al exterior con cargo a los fondos de la Universidad. Al igual que quedó prohibido el pago de auxilios, becas u otro reconocimiento extralegal, otorgado al personal directivo o exdirectivo de la institución y revisar si existe irregularidad en los ya otorgados, tomar medidas inmediatas. Al igual que quedó prohibido el pago de comisiones, viáticos, bonificaciones y gastos de representación o gastos superfluos especialmente a las directivas de la Universidad y cualquier otro personal.
Cabe destacar que al rector Ramsés Vargas le fueron emitidas otras órdenes adicionales, además de una serie de medidas a los miembros de la Sala General. Así mismo estas medidas se suman a otras acciones del Ministerio de Educación Nacional para garantizar el normal funcionamiento de la Uniautónoma, contempladas en sus facultades de inspección y vigilancia.
Entre ellas, el nombramiento de un inspector in situ, el requerimiento de un plan obligatorio de mejoramiento y el cumplimiento por parte de la institución de una serie de condiciones y órdenes que fije del Ministerio sobre el manejo financiero y administrativo, para corregir o superar las situaciones detectadas.
Adicionalmente, el Ministerio de Educación desarrolla tres investigaciones administrativas. La primera a la Universidad Autónoma del Caribe y a sus directivas, por no haber entregado una respuesta de fondo al requerimiento enviado el pasado 16 de enero, pidiendo que se normalizara el pago a los docentes; la segunda, relacionada con presuntas deficiencias administrativas y financieras, y la tercera, por el presunto incumplimiento de normas estatutarias.
De acuerdo con la ministra Yaneth Giha, con esta serie de decisiones se busca garantizar el servicio de educación superior a los estudiantes de la Uniautónoma en condiciones de continuidad y calidad.
Agregó que para que no exista ninguna duda sobre la transparencia con la que ha actuado el Ministerio en este caso, le solicitará al Procurador General de la Nación el acompañamiento del Ministerio Público, con el fin de que revise todo lo actuado hasta el momento y vigile todo el proceso, que, insistió, “busca proteger el patrimonio de la universidad y los derechos de estudiantes y de los docentes”.