JUSTICIA, POLITICA

Barranquilla, 9 de noviembre de 2026. Este lunes 9 de noviembre, desde las 9:00 de la mañana la Sala Plena de la Corte Constitucional se reúne en sesión extraordinaria para resolver uno de los conflictos judiciales más importantes del país: quién debe investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los supuestos vínculos con paramilitares.

No se decide si Uribe es culpable o inocente. Se decide quién tiene la competencia para seguir investigando. Es el expediente CJU-7957, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar.

Hay dos autoridades peleando el expediente:
1. La Fiscalía General de la Nación
2. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes

¿Por qué otra vez, nuevamente con un tema que ya está trillado y resuelto?
La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema abrió en junio de 2026 investigación formal contra Uribe desprendiendola, del caso de condena contra su hermanoSantiago Uribe, a raíz de la insistencia de su perseguidor, Iván Cepeda Castro, endilgándole los delitos por:

– Concierto para delinquir agravado
– Homicidio en persona protegida

Los hechos son:
– Presunta conformación de un grupo paramilitar en San Roque, Antioquia
– Masacre de La Granja, en junio de 1996
– Masacre de El Aro, en octubre de 1997
– Asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, en febrero de 1998

Según la Fiscalía, esa estructura habría usado como base la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para la época.

Uribe rindió indagatoria el 4 de septiembre de 2026 y mantiene la presunción de inocencia.

La Fiscalía argumenta que debe conservar el caso porque los hechos ocurrieron entre 1995 y 1997, cuando Uribe era gobernador de Antioquia, no presidente. Por lo tanto, reclama que supuestamente no aplicaría el fuero presidencial.

Por su parte la Comisión de Acusación solicita que ese caso pase al Congreso, luego de que el 19 de agosto de 2026, la Comisión aprobó por unanimidad reclamar el expediente.

Su presidente, Carlos Cuenca Chaux, argumenta que el presunto concierto para delinquir se habría prolongado hasta 2003, cuando Uribe ya era presidente, y que por eso estaría cobijado por el fuero presidencial. Por eso remitió 2.322 folios a la Corte.

Mientras Iván Cepeda y el partido de la extrema izquierda Pacto Histórico como actor popular en el proceso, pidió a la Corte que proteja los derechos de las víctimas y mantenga la competencia en la Fiscalía, porque los hechos imputados son de 1996 a 1998, cuando Uribe era gobernador.

Lo mismo pidieron los representantes del Pacto Histórico en la Comisión: Alejandro Toro, Jorge Bastidas, Gabriel Becerra, Heráclito Landínez y María del Mar Pizarro. Dicen que la Fiscalía tiene mayor capacidad para responder en un plazo razonable a las exigencias de verdad y justicia.

Ojo con este dato: al inicio, ellos habían respaldado la votación para que la Comisión pidiera el caso, y ahora piden lo contrario.

Otro dato clave:
La Corte Suprema de Justicia abrió indagación previa contra integrantes de la Comisión de Acusación por presunto prevaricato, por la forma en que pidieron el traslado del expediente.

Y la Fiscalía ya citó para el 12 de noviembre a los excomandantes paramilitares Don Berna y Julián Bolívar para que declaren en esta investigación.

Uribe es culpable o inocente. Hoy va a decir quién lo investiga. Y eso cambia todo el futuro del caso. Si se queda en Fiscalía, sigue en la justicia ordinaria. Si pasa a la Cámara, se va al Congreso. Estaremos atentos a la decisión.”