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Barranquilla, 24 de septiembre de 2026. La Fiscalía de Estados Unidos presentó formalmente ante la Corte de New York su oposición a la solicitud de libertad provisional que estaba solicitando Cilia Flores, a través de  su abogafo quien pretendía que la ficha preparada del castrismo que casaron con Nicolás Maduro para manejar por intermedio de ella a Venezuela a su antojo, que permaneciera detenida a la espera de su juicio, programado preliminarmente para el 08 de octubre de 2026.

Puntos Clave del Caso

Cargos y Pena: Enfrenta cargos graves vinculados al narcotráfico y la corrupción junto a su esposo, Nicolás Maduro Moros. Dos de los delitos activan la presunción estatutaria de detención preventiva y conllevan una pena mínima obligatoria de 40 años, con posibilidad de cadena perpetua.

Riesgo de Fuga Extremo: La gravedad de la pena, sumada a su edad (69 años) y al acceso a considerables recursos financieros (evidenciados en su propuesta de seguridad privada y vigilancia 24/7), genera un incentivo insostenible para intentar evadir la justicia.

Peligro para la Comunidad: La Fiscalía argumenta que Flores y sus coconspiradores utilizaron el poder público para enriquecerse mediante narcotráfico a gran escala, respaldado por secuestros, golpizas y asesinatos. En libertad, existiría el riesgo de que coordinara actos de intimidación contra testigos y víctimas en Venezuela o el exterior.

Solidez de la Evidencia: El caso cuenta con pruebas contundentes y múltiples testigos cooperantes que interactuaron directamente con la acusada y su esposo en actividades ilícitas.

Atención Médica Garantizada: Respecto a su defensa médica basada en una condición cardíaca, la Fiscalía demostró con registros médicos que ha recibido “atención excelente”, y el Buró Federal de Prisiones está plenamente preparado para continuar tratándola bajo custodia.

Ausencia de Vínculos y Conclusiones: Se carece de lazos sólidos con USA y su pretensión de mantener una presencia constante junto a Maduro bajo arresto domiciliario resulta inviable debido a los protocolos de seguridad. La Fiscalía concluye que ninguna condición de libertad provisional puede garantizar su comparecencia ni proteger a la comunidad.