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Barranquilla, 13 de agosto de 2026. “Estamos matando terroristas. Y estamos derrotando las ideologías fallidas y tóxicas del socialismo radical y el comunismo”. Pete Hegseth lo dijo en Panamá y después atacó a la Corte Penal Internacional por intentar ejercer jurisdicción sobre personal militar y operaciones de EE.UU. y sus socios.

Según Hegseth, esas operaciones son “100% legales” y la CPI carece de cualquier base legítima para actuar. después: acusó a la izquierda internacional y a medios de izquierda de intentar llevar ante la Corte Penal Internacional a militares estadounidenses y de países aliados por sus operaciones, y pidió a los países latinoamericanos abandonar la CPI. P

El Secretario de Estado Marco Rubio, impone sanciones a la presidente de la Corte Penal Internacional Tomoko Akane y al abogado senior Abdoulaye Seye.

ero aquí está lo verdaderamente grave: la institución que podría investigar crímenes de guerra es presentada como una amenaza y colocada, en el discurso, junto al “socialismo radical” y el “comunismo”. Es decir, el mismo gobierno que está realizando operaciones militares cuestionadas por posibles crímenes de guerra está atacando al tribunal internacional que podría investigarlas.

EE. UU. avanza en su campaña para desmantelar la Corte Penal Internacional sancionando a su presidenta Estados Unidos impuso sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional, la japonesa Tomoko Akane, y otro alto magistrado. Ocurre en el marco de una campaña contra la institución lanzada en julio por el Departamento de Estado. Ya en febrero de 2025, una orden ejecutiva de Donald Trump anunciaba sanciones contra la CPI, acusándola de ser una amenaza para la soberanía estadounidense. Este tribunal procesa a acusados de las atrocidades más graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y actúa cuando los países no cuentan con sistemas jurídicos que garanticen la rendición de cuentas. Washington critica que la CPI actúa contra ciudadanos de países que no reconocen “su jurisdicción ni ratificaron el Estatuto de Roma”.

Se discute el retiro de Colombia del Estatuto de Roma y por tanto de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Sería una decisión contraproducente. El gobierno debe meditar. Según el Estatuto, el retiro sólo operaría un año después. Quizás el gobierno espera efectos inmediatos. Eso no es posible y, muy importante, la eliminación de la jurisdicción no es retroactiva. Dice: “la denuncia tampoco obstará en modo alguno a que se sigan examinando las cuestiones que la Corte tuviera ante sí antes de la fecha en que la denuncia surta efecto”. Como consecuencia de esto, si hay apoyo de militares a la medida, corresponde a una visión equivocada y, de pronto, mal Informada. Además, aún aquellos no investigados, seguirían en una JEP que carecería de la legitimidad internacional que le ha reconocido la CPI, órgano que, debilitados los mecanismos internos, podría regresar al ejercicio efectivo de su jurisdicción para lo anterior a 2027. La mejor solución para los militares es que la JEP termine su tarea, garantizando el debido proceso. La hipotética decisión puede producir un agudo rechazo internacional. Se alegaría que Colombia opta por la impunidad. Volveré sobre el tema.