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En los últimos días se han conocido decisiones del Consejo de Estado, una que declaró la nulidad del Decreto del nombramiento de Luis Gilberto Murillo como Ministro de Relaciones Exteriores. El Tribunal que originalmente conoció de la demanda fue el Administrativo de Cundinamarca, en donde no aplicaron la figura de la sentencia anticipada, cuyo propósito es acelerar decisiones conforme lo dispone el art. 40 de la Ley 2080 de 2021. En esa instancia la demora fue de 20 meses, en tanto que el Consejo de Estado si fue veloz ya que empleó para resolver la apelación aproximadamente tres meses. La prueba documental acreditada para solicitar la nulidad era suficiente, por tanto, no existía razón para alargar innecesariamente el proceso.

Cuando salió la noticia, por esa costumbre que estoy fortaleciendo, recurrí a una línea melódica y la letra de una canción ya catana que decía: Ya para qué, ya que más da, puedes hacer tu libertad…Y si, quedó el mal sabor de acolitar la Jurisdicción Contencioso Administrativa todos los despropósitos, los desafueros, el irrespeto a la Constitución Política y la ley de un gobierno derrochador, cínico e infame, donde la meritocracia no tuvo ningún valor y sentido común con el uso de  la “cosa pública”, fue un verdadero canto a la bandera. No es el único caso que permite realizar un escaneo de las tardías decisiones de la Jurisdicción encargada de administrar justicia en torno a las acciones, omisiones o extralimitaciones del Estado en cualquiera de sus órdenes. Parece ser que se trata de un factor común, preocupante cuando se relaciona con asuntos de interés nacional. En estos días también suspenden el decreto mediante el cual se otorgó a Mancuso la condición de gestor social, que justamente vencía tal “honor” el 6 de agosto del año en curso, un día antes de la posesión del nuevo primer mandatario. Aspiramos el renacimiento del Estado.

Se habla de la necesidad de un vuelco, de la reestructuración de las competencias de la Rama Judicial, pero el interés que se ha mostrado es en la Jurisdicción Penal, en especial en lo que atañe a una audiencia según manifestación del postulado ministro de justicia Iván Cancino, sin aludir a grandes problemas reflejados en la mora de decisiones penales como los relacionados con Armando Benedetti, que ha contado con la asesoría de abogados defensores hábiles en torcidos, incurriendo en una conducta que se denomina contumacia y así  eludir indefinidamente “el peso de la ley hasta sus últimas consecuencias”,  es decir de la condena ejemplarizante, por incurrir en incremento de injustificado del patrimonio. Entre tanto los zurdopatas reclaman que se aplique la presunción de inocencia, ante hechos notorios como la suma de uno más uno que hacen los niños en preescolar.  Ahí aplica lamentablemente que la ley es para los de ruana, para que el incurre en el hurto de una gallina, pero para estos ladrones de cuello blanco no aplican esas normas, en estos tiempos más reclamada por los izquierdozos de doble moral. No conozco sentencias por estos incrementos, que de hecho deberían ser muchos los “beneficiados” por ellas, pero al parecer el delito del artículo 412 del Código Penal no aplica para nadie. Acá solo ejemplos a granel, en el tema relacionado con este delito y de los demás delitos, ni que hablar, porque causa verdadera ira, la lista es larga en proporción directa con la parsimonia, la falta de interés, la decidía que campea en muchos despachos judiciales, donde las excepciones son pocas.

La Jurisdicción Contencioso Administrativa hace gala de lentitud, de osos en hibernación, ¿esperando que?, ¿la primavera del orden jurídico?, lo cual alimenta sin duda el desorden social, el desconcierto frente a la impunidad de las acciones del Estado. Esta es la jurisdicción con mayor morosidad, según la IA que a veces es mentirosa, pero en esta oportunidad acierta.

Igualmente sucede en la jurisdicción de familia, donde las pruebas de ADN son concluyentes para derivar los vínculos de consanguinidad y de allí las obligaciones especialmente de padres con hijos. He conocido casos donde mediando el examen positivo, los jueces pueden demorar años, muchos para declarar el parentesco y con ello imponer obligaciones que son ineludibles. Pero que importa, los niños que son el futuro, que merecen especial protección son solo un número en un expediente, que ahora son digitales y que no hay excusa por “extravíos”.  Esto solo es un ejemplo, otros litigios cubren generaciones. Al parecer la más operativa en la jurisdicción laboral.

Debe entonces el gobierno entrante, plantear proyectos de ley concretos, sin tantos congresos o “retiros” de altas cortes en Paipa. Ellos, los magistrados no ofrecen soluciones después de frustradas jornadas, porque entre otras razones no han sido litigantes ni previamente jueces, como se observa en las hojas de vida. Las leyes deben ser como tenazas que obliguen a actuar, desde el juez municipal, hasta el magistrado de Alta Corte. Condicionar, por ejemplo, la prima especial que reciben mensualmente, a los resultados que cada mes deben reportar al Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta el porcentaje lógico de rendimiento. Poder se puede, solo se requiere lógica y planeación. Lo hablo con la autoridad de haber reportado como magistrada una producción anual de 547 sentencias, sin incluir autos interlocutorios, por encima de la producción de Consejero de Estado, quienes cuentan con más de tres magistrados auxiliares y un equipo amplio de oficiales mayores. Esto significó ser estigmatizada, porque “trabajaba mucho”.

Nota: la morosidad y la impunidad van de la mano y de paso, recordar que, los procesos de indulto han sido extremadamente nocivos, pues los victimarios campean, gobiernan y reclaman respeto. Otra historia se habría escrito para este país, sin esos procesos groseros que han escupido los rostros de las víctimas.