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Valledupar 29 de julio de 2026. El proceso penal contra Nicolás Maduro en Estados Unidos entra en una etapa decisiva. Aunque el juicio está previsto para junio de 2027, antes su defensa buscará que el caso sea desestimado al alegar inmunidad como jefe de Estado. Sergio Gómez Maseri cuenta los detalles.

A continuación detallamos los argumentos que podrían utilizar los Fiscales Federales que llevan el caso.

Para contrarrestar los argumentos de la defensa de Nicolás Maduro y lograr una condena en los tribunales de Estados Unidos, la fiscalía cuenta con herramientas de derecho penal federal, precedentes sólidos y la configuración de una acusación ampliada (superseding indictment).

Las principales líneas argumentativas y de estrategia jurídica que la fiscalía estadounidense puede utilizar para desmontar las mociones de la defensa son las siguientes:

Inaplicabilidad de la Inmunidad por actos criminales y no reconocidos: Frente al argumento de inmunidad como jefe de Estado, la fiscalía argumentará, respaldada por la postura del Ejecutivo estadounidense, que Washington no lo reconoce como un mandatario legítimo. Además, bajo el derecho internacional y la jurisprudencia de USA, los actos de delincuencia transnacional, narcotráfico y apoyo al terrorismo nunca forman parte de las funciones oficiales de un jefe de Estado, por lo que carecen de inmunidad.

La Doctrina Ker-Frisbie contra la objeción de captura: Si la defensa intenta tumbar el caso alegando que su captura en territorio venezolano fue una violación del derecho internacional o un secuestro extraterritorial, la fiscalía utilizará la consolidada Doctrina Ker-Frisbie. Esta norma de la jurisprudencia estadounidense establece que la forma ilegal en que un acusado es llevado ante la justicia no priva al tribunal de su jurisdicción para juzgarlo, siempre y cuando se garanticen el debido proceso y un juicio justo.

Desmontaje del Tratado de Extradición de 1922:

Ante la tesis de que la captura debió regirse estrictamente por el tratado bilateral de extradición y sus cláusulas de arbitraje, la fiscalía sostendrá que la acción ejecutada no constituyó jurídicamente una extradición tradicional sujeta a dichos mecanismos diplomáticos,  sino una operación de carácter federal y de seguridad nacional* frente a amenazas de narco-terrorismo, invalidando la necesidad de un arbitraje previo.

Uso de la Doctrina Pinkerton para la conspiración: Para conectar directamente a Maduro con los delitos específicos sin requerir su participación física en cada envío de droga o cargamento de armas, la fiscalía apelará a la Doctrina Pinkerton.

Esta doctrina sostiene que un líder de una conspiración criminal es legalmente responsable de todos los actos sustantivos cometidos por sus co-conspiradores en furtherance (fomento o avance) del objetivo criminal común.

Pruebas de testigos colaboradores y la teoría del “Estado Capturado”: La fiscalía respaldará su acusación con testimonios clave de exfuncionarios y operadores que ya se han declarado culpables* (como exgenerales y figuras del círculo cercano).

Esto le permite ilustrar un ecosistema sistemático de corrupción institucional (el “Estado Capturado” a través de redes como el Cartel de los Soles ), demostrando que el aparato estatal venezolano fue reutilizado deliberadamente para proteger rutas de narcotráfico y colaborar con organizaciones terroristas designadas (FTOs).