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La justicia colombiana vuelve a quedar contra las cuerdas. Mientras millones de ciudadanos sobreviven en medio de la inseguridad, la corrupción y la pérdida de confianza institucional, los grandes protagonistas de los escándalos que estremecen al país comienzan a abandonar las cárceles gracias a una figura jurídica que, aunque legal, termina convertida en sinónimo de impunidad: el vencimiento de términos.

Lo ocurrido con Sandra Ortiz, pieza clave dentro del escándalo de corrupción de la UNGRD, representa un golpe demoledor a la credibilidad del sistema judicial colombiano. Un juez ordenó su libertad inmediata argumentando que los tiempos procesales fueron superados sin que avanzara el juicio oral.

El país no discute aquí únicamente un asunto técnico o procedimental. Lo que está en juego es la percepción de justicia de toda una nación cansada de ver cómo los poderosos encuentran siempre una puerta de escape mientras el ciudadano común enfrenta todo el peso del aparato judicial. La indignación crece porque el caso de Sandra Ortiz no es cualquier expediente. La Fiscalía la señaló como presunta intermediaria en la entrega de millonarios sobornos dentro del entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, uno de los mayores escándalos que ha golpeado al gobierno de Gustavo Petro.

Según las investigaciones, Ortiz habría sido la encargada de transportar una maleta con tres mil millones de pesos dirigida al entonces presidente del Senado, Iván Name.  Y aun así, hoy recupera su libertad mientras el país observa atónito cómo los procesos se diluyen entre aplazamientos, audiencias interminables y maniobras jurídicas que terminan favoreciendo a los investigados.

Aquí surge la gran pregunta: ¿cómo puede el Estado exigirle confianza a la ciudadanía cuando ni siquiera logra adelantar con eficacia los procesos de corrupción más graves de la historia reciente? La figura del vencimiento de términos nació para proteger garantías fundamentales y evitar detenciones indefinidas. En teoría, es una herramienta válida dentro de un Estado de derecho. Pero en Colombia terminó convertida en un premio para quienes tienen abogados expertos en dilatar procesos y una justicia incapaz de actuar con celeridad.

El mensaje es devastador. Mientras un joven de barrio puede pasar años tras las rejas por delitos menores, altos funcionarios, exministros y protagonistas de multimillonarios escándalos salen en libertad porque el sistema simplemente no fue capaz de juzgarlos a tiempo.

Y lo más grave es que esta situación golpea directamente la legitimidad institucional del Gobierno Petro, que llegó al poder prometiendo transparencia, lucha contra la corrupción y cambio político. Hoy, varios de sus exfuncionarios aparecen vinculados a investigaciones delicadísimas y algunos incluso enfrentan llamados a juicio.

La libertad de Sandra Ortiz deja además enormes interrogantes políticos y judiciales. Ella no es una testigo cualquiera. Es considerada una de las principales conocedoras del entramado de corrupción de la UNGRD. Sus declaraciones podrían comprometer a figuras de altísimo nivel dentro del poder político colombiano.

Por eso la preocupación nacional no es exagerada. Colombia ya tiene demasiados antecedentes oscuros de testigos silenciados, desapariciones extrañas, fugas inexplicables y hechos que terminan sepultando la verdad. Sería una tragedia para el país que ahora apareciera un supuesto suicidio, una evasión de la justicia o cualquier circunstancia sospechosa que impida conocer toda la dimensión de este escándalo.

El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar su comparecencia ante la justicia, proteger el proceso y asegurar que el país conozca toda la verdad. Porque aquí no solamente se está juzgando a una exfuncionaria. Lo que está siendo juzgado es la capacidad moral y operativa de la justicia colombiana.

La ciudadanía empieza a sentir que en Colombia robar millones al Estado no necesariamente conduce a una condena ejemplar. Por el contrario, pareciera que entre más poderoso sea el implicado, más posibilidades existen de salir libre gracias a tecnicismos, aplazamientos y vencimientos de términos.

La corrupción no destruye únicamente el presupuesto nacional. También destruye la confianza ciudadana. Y cuando la justicia pierde credibilidad, lo que comienza a fracturarse es la propia democracia. Hoy Colombia presencia cómo la impunidad se viste de legalidad. Y eso, quizás, es aún más peligroso. Se repite la constante del gobierno del cambio, ser pillo paga. Y mientras tanto la fiscal, en el bolsillo bien gracias.