COLUMNISTAS

Hay una línea delgada (pero decisiva) entre interpretar la realidad y negarla. El problema es que cuando un presidente cruza esa línea, deja de gobernar para empezar a narrar. Y Colombia, hoy, parece atrapada en esa deriva: un país donde los hechos van por un lado y el discurso oficial insiste en ir por otro.

La reciente intervención del presidente sobre la seguridad nacional es un ejemplo casi de manual. En medio de un fin de semana marcado por atentados, muertos y zozobra en varias regiones, la respuesta fue desconcertante: “no hay un caos de la seguridad”. La frase, más que una lectura técnica, suena a declaración defensiva. Porque cuando la percepción ciudadana y los hechos visibles contradicen el relato oficial, el problema no es de percepción: es de credibilidad.

Reducir la violencia a “ajustes de cuentas entre mafiosos” no solo simplifica un fenómeno complejo, sino que además despoja al Estado de su responsabilidad central: garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, no solo de quienes no están en esas disputas. En esa lógica, pareciera que mientras la violencia tenga etiqueta criminal, deja de ser un problema estructural. Y no lo es. Más preocupante aún es la facilidad con la que el gobierno convierte hipótesis en explicaciones. Se habla de conspiraciones internacionales, de juntas del narcotráfico con tentáculos casi omnipotentes, de influencias en instituciones y de planes para desestabilizar elecciones. Todo ello, en muchos casos, sin pruebas concluyentes, pero con la contundencia de quien no duda. Gobernar con teorías es un riesgo; hacerlo sin evidencia sólida, una irresponsabilidad. Y, sin embargo, el patrón vuelve a repetirse: cuando la realidad incomoda, aparece el retrovisor. La expansión de cultivos ilícitos, por ejemplo, se explica como una herencia del pasado.

La descertificación internacional, aunque reconocida como un golpe, tampoco sería responsabilidad del gobierno actual. Incluso los problemas en seguridad se enmarcan en decisiones de administraciones anteriores. Todo tiene origen atrás. Nada empieza ahora. Pero gobernar implica precisamente lo contrario: hacerse cargo del ahora, incluso cuando las causas vengan de antes. Porque si todo se explica por el pasado, entonces ¿para qué sirve el presente? ¿Cuál es el margen real de acción de un gobierno que llegó prometiendo transformaciones profundas?

El caso de la política de drogas ilustra bien esa contradicción. Por un lado, se defienden cifras de sustitución voluntaria como un éxito. Por otro, el país registra niveles alarmantes de cultivos. La explicación oficial insiste en que la estrategia es la correcta, aunque los resultados sean, cuando menos, discutibles. Y en medio de esa ambivalencia, el mensaje que se envía es de confusión: ¿estamos mejor o peor? ¿Funciona o no la política?

Algo similar ocurre con la narrativa internacional. Señalar a otros países como epicentro del narcotráfico o como rutas principales puede tener algo de verdad, pero plantearlo como eje central del problema termina diluyendo la responsabilidad interna. Colombia no puede explicar su situación únicamente mirando hacia afuera, del mismo modo en que el gobierno no puede hacerlo mirando exclusivamente hacia atrás.

El riesgo de este enfoque no es solo político; es institucional. Cuando desde la más alta autoridad se sugieren infiltraciones profundas en organismos como la Fiscalía o la Policía sin pruebas contundentes, se debilita la confianza en esas instituciones. Y sin confianza institucional, cualquier política pública pierde sustento. A esto se suma otro elemento inquietante: la construcción de un enemigo permanente. Ya no es solo el pasado, sino también una supuesta amenaza constante que busca sabotear al gobierno, interferir en elecciones o imponer agendas externas. Esa narrativa puede ser eficaz en términos políticos, pero es peligrosa cuando sustituye el análisis riguroso. Porque convierte cualquier crítica en sospecha y cualquier problema en conspiración.

Nada de esto significa desconocer que Colombia enfrenta redes criminales complejas, dinámicas transnacionales o desafíos históricos en seguridad. Pero reconocer esa complejidad no puede ser excusa para evadir responsabilidades concretas ni para construir relatos que, en lugar de aclarar, confunden.

El país no necesita explicaciones grandilocuentes ni teorías expansivas. Necesita claridad, coherencia y, sobre todo, resultados. Necesita un gobierno que no minimice la violencia cuando esta golpea, que no recurra automáticamente al pasado cuando el presente falla y que no convierta cada dificultad en una narrativa épica. Porque la distancia entre lo que se dice y lo que se vive empieza a volverse insostenible. Y cuando esa brecha crece, lo que se erosiona no es solo la imagen de un gobierno, sino la confianza de todo un país.

Negar la realidad no la cambia. Apenas la pospone. Y Colombia, a estas alturas, ya no está para más dilaciones.