COLUMNISTAS

En política, cuando un gobierno empieza a perder el control del relato, suele recurrir a los mecanismos más drásticos para intentar recomponer su poder. No siempre es una estrategia legítima; muchas veces es, simplemente, una maniobra desesperada. Y en Colombia, hoy por hoy, la insistencia en una Asamblea Nacional Constituyente huele más a “patadas de ahogado” que a una verdadera necesidad institucional.

El presidente ha vuelto a poner sobre la mesa la convocatoria a una constituyente, argumentando que existe un supuesto “bloqueo institucional” que le ha impedido avanzar en sus reformas. Ese ha sido el libreto oficial: el Congreso no funciona, las cortes estorban, el sistema no responde. Pero la realidad es menos épica y más concreta: varias de sus reformas no prosperaron porque no lograron consensos políticos ni técnicos suficientes.

Es ahí donde comienza la preocupación. Porque cuando un gobernante decide saltarse los canales ordinarios de la democracia representativa —el Congreso, el debate público, la construcción de mayorías— y propone cambiar las reglas del juego, la pregunta es inevitable: ¿se trata de mejorar el sistema o de acomodarlo a su conveniencia? No es la primera vez que ocurre algo similar. En 2025, el intento de imponer una consulta popular por decreto fue calificado por diversos sectores como una ruptura institucional, incluso como un “autogolpe”. Y aunque ese episodio fue finalmente retirado, dejó una señal clara: cuando las vías legales no favorecen al Ejecutivo, se busca forzar el camino.

Ahora, la constituyente aparece como el nuevo atajo. El problema no es la figura en sí. La Constitución de 1991 nació precisamente de un proceso constituyente, y nadie puede negar su legitimidad histórica. El problema es el contexto. Hoy, el país enfrenta una crisis fiscal reconocida incluso por expertos y actores políticos, con un déficit preocupante y un Estado que promete más de lo que puede financiar. A eso se suman decisiones gubernamentales controvertidas, como el intento de trasladar billones de pesos en pensiones que terminó frenado por la justicia.

En ese escenario, hablar de una constituyente no parece una prioridad nacional, sino una cortina de humo. Más aún cuando el propio calendario político levanta sospechas. A pocos meses de terminar el mandato, el impulso de una constituyente coincide con el ambiente electoral y con la necesidad del oficialismo de mantenerse vigente en el poder. De hecho, el tema ya se ha convertido en eje de campaña, generando divisiones incluso dentro del mismo bloque político que respalda al gobierno. Y aquí es donde la narrativa se vuelve peligrosa.

Porque no se trata solo de reformar artículos o modernizar instituciones. En los borradores conocidos, se habla incluso de modificar pilares fundamentales como la autonomía del Banco de la República o el equilibrio entre poderes. No son ajustes menores; son cambios estructurales que podrían redefinir el modelo de Estado.

¿Con qué garantías? ¿Con qué controles? ¿Con qué independencia?

El país ya ha visto cómo la concentración de poder, disfrazada de voluntad popular, termina erosionando la democracia. América Latina está llena de ejemplos donde constituyentes impulsadas desde el poder terminan sirviendo para perpetuar proyectos políticos y debilitar los contrapesos institucionales.

Por eso, el debate no puede ser ingenuo. Decir que “el pueblo decide” suena bien en el discurso, pero en la práctica depende de quién formula las preguntas, quién organiza el proceso y quién controla el resultado. Y cuando el impulso viene desde un gobierno cuestionado por su gestión, rodeado de escándalos, tensiones institucionales y dificultades económicas, el riesgo es aún mayor.

Hoy, más que una constituyente, Colombia necesita gobernabilidad. Necesita respeto por las instituciones, responsabilidad fiscal y soluciones concretas a los problemas reales de los ciudadanos: seguridad, empleo, estabilidad.
La constituyente, en este contexto, no parece una solución. Parece una huida hacia adelante.

Una forma de reescribir las reglas cuando el partido se está perdiendo. Y la historia ha demostrado que cuando un gobernante empieza a jugar con la Constitución para sostenerse, ya no está pensando en el país, sino en sí mismo. Porque al final, no es Aureliano el que está solo. Es un gobierno acorralado por sus propios errores, intentando cambiar el tablero antes de que se acabe el juego.