COLUMNISTAS

Colombia volvió a estremecerse. No fue un hecho aislado ni una coincidencia trágica: fue una cadena de ataques que evidencian planificación, coordinación y un mensaje claro de intimidación. Desde el pasado viernes (un viernes que muchos ya califican como negro) el suroccidente del país entró en una espiral de miedo que revive los peores capítulos de nuestra historia reciente.

En Cali, Palmira y Popayan fueron perpetrados atentados con explosivos contra unidades militares (Batallón Pichincha y Codazzi ), En Dagua y sectores como El Tablón han sido escenarios también de explosiones, hostigamientos y actos que no pueden llamarse de otra manera: terrorismo, como el sucedido a la entrada del puente de Cajibio donde causaron la muerte de 13 civiles y más de 38 heridos. A esto se suma el bloqueo de la vía Panamericana (arteria vital del suroccidente) las imágenes que han sido publicadas sobre ese hecho terrorista muestran la sevicia con la que atentaron contra civiles inocentes e indefensos y luego un ataque frustrado contra el Batallón José Hilario López de Popayán que, de haberse consumado, habría dejado consecuencias aún más devastadoras.

No se trata solo de hechos violentos dispersos. Lo que se percibe (y así lo advierten voces desde distintos sectores, incluidos medios y redes sociales) es un plan sistemático para aislar territorialmente al suroccidente colombiano, sembrar caos y debilitar la capacidad de respuesta del Estado. (Otros manifiestan incluso, que es un plan coordinado con el gobierno actual para declarar una emergencia o conmoción interior y suspender la selecciones de mayo próximo) Una estrategia vieja, reciclada, pero igual de cruel: golpear a la población civil mientras se pretende justificar bajo discursos ideológicos vacíos.

Los responsables, señalados por múltiples fuentes, vuelven a aparecer bajo las siglas de las disidencias de las FARC, una estructura que jamás abandonó del todo su accionar criminal. Cambian de nombre, mutan de estrategia, pero mantienen intacta su esencia: el uso del terror como herramienta de presión.

El país asiste, una vez más, al absurdo de grupos armados que dicen luchar por el pueblo mientras lo condenan al miedo, al encierro y a la muerte. No hay causa social que justifique la detonación de explosivos en zonas urbanas, ni el bloqueo de vías que afectan alimentos, salud y movilidad. Esa narrativa hace tiempo se agotó; hoy solo queda la evidencia de un negocio criminal disfrazado de ideología.

En medio de este panorama, crece el clamor de quienes exigen respuestas contundentes. La sensación de abandono y debilidad institucional ha abierto paso a discursos más firmes, más radicales incluso. Es en ese contexto donde figuras como Abelardo de la Espriella han ganado visibilidad. El jurista, quien continúa su recorrido por el país, no ha dudado en calificar estos hechos como actos “demenciales” y ha cuestionado con dureza la política de seguridad del gobierno actual.

Sus pronunciamientos, difundidos ampliamente en redes sociales, conectan con un sector de la ciudadanía que siente que la llamada “paz total” no solo ha sido insuficiente, sino contraproducente. Para muchos, el Estado ha cedido terreno mientras los grupos armados lo aprovechan para reorganizarse y expandirse.
Sin embargo, más allá de nombres propios o liderazgos individuales, lo que está en juego es el rumbo del país. Colombia no puede normalizar que regiones enteras queden bajo amenaza constante. No puede aceptar que el terrorismo se convierta en un ruido de fondo al que simplemente nos acostumbramos.

Se necesita seriedad, claridad, firmeza y coherencia en la política de seguridad. Eso implica reconocer la magnitud del problema sin eufemismos, fortalecer la inteligencia, respaldar a la Fuerza Pública y, sobre todo, garantizar que la ley se imponga sobre quienes insisten en vivir al margen de ella.

Pero también implica algo más profundo: recuperar la confianza ciudadana. Porque el miedo no solo paraliza territorios; también erosiona la credibilidad en las instituciones.

Colombia está en un punto crítico. Lo que ocurre en el suroccidente no es un hecho regional, es una advertencia nacional. Ignorarla sería repetir errores del pasado.

Hoy, más que nunca, el país exige liderazgo real, decisiones firmes y una defensa sin ambigüedades de la vida y el orden. Porque cuando el terror avanza, la tibieza no es opción.