COLUMNISTAS

En Colombia, el miedo volvió a ocupar un lugar central en la vida pública. No el miedo abstracto, no el miedo de las estadísticas, sino el miedo real, palpable, el que se pronuncia en voz temblorosa y se transmite en directo a todo un país. Eso fue lo que ocurrió con Angie Rodríguez: una mujer que no solo decidió hablar, sino que terminó pidiendo protección para su vida y la de su familia.

Ese detalle lo cambia todo.

Porque cuando una exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (es decir, alguien que estuvo en el núcleo del poder) afirma sentirse amenazada, lo que está diciendo, sin necesidad de adornos, es que hay fuerzas que operan más allá de la institucionalidad. Y eso, en cualquier democracia seria, enciende todas las alarmas.

Las amenazas que, según se ha conocido, ha recibido Rodríguez no pueden interpretarse como hechos aislados ni como simples coincidencias. Aquí hay una relación lógica que el país no puede ignorar: quien denuncia posibles irregularidades, quien deja entrever un entramado de decisiones cuestionables, quien señala el manejo de recursos públicos, termina sintiendo miedo. Y ese miedo no surge de la nada.

Surge, precisamente, de lo que se denuncia.

Es ahí donde la situación adquiere una gravedad mayúscula. Porque no estamos hablando únicamente de presuntos hechos de corrupción (que ya de por sí serían escandalosos), sino de un entorno donde hablar podría tener consecuencias personales. Donde la verdad parece estar rodeada de riesgos. Donde el costo de romper el silencio puede ser demasiado alto.

Y frente a todo esto, nuevamente, el silencio. El del presidente Gustavo Petro. El de varios de sus funcionarios. Un silencio que, lejos de calmar las aguas, profundiza la desconfianza. Porque cuando hay denuncias, cuando hay miedo, cuando hay llamados de auxilio, lo mínimo que se espera es una reacción clara, contundente, inmediata.

Pero no ha ocurrido.

Y entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué tan profundo es el problema? ¿Qué tan grande es lo que aún no se ha dicho? Porque si alguien que estuvo en la cúspide del poder termina pidiendo protección pública, es válido inferir que lo que conoce es lo suficientemente delicado como para generar temor real.

No se trata de especulación irresponsable. Se trata de lógica básica. Nadie expone su vida ni la de su familia por capricho. Nadie se arriesga a ese nivel si no percibe un peligro concreto. Y cuando ese peligro aparece en medio de denuncias de posible corrupción, la conclusión es inquietante: podría haber mucho más de lo que se ha revelado hasta ahora.

A esto se suma otro elemento que agrava el panorama: la aparente inacción de las instituciones. La Fiscalía General de la Nación, llamada a actuar con independencia y celeridad, debería haber iniciado de oficio investigaciones frente a este cúmulo de señalamientos. No como un favor, no como una respuesta política, sino como parte de su mandato. Porque cuando se asoman posibles tipos penales, la omisión también se convierte en problema.

El país no puede acostumbrarse a que las denuncias se diluyan. No puede aceptar que el miedo sea la respuesta para quien habla. No puede tolerar que el poder se rodee de sombras y que esas sombras se defiendan con silencio.

Aquí hay dos planos que deben analizarse con seriedad. El primero, el de los presuntos hechos de corrupción, que deben investigarse hasta las últimas consecuencias. El segundo, el del clima que rodea esas denuncias: un ambiente donde una exfuncionaria siente que su vida corre peligro. Ambos son igual de graves.

Porque la corrupción erosiona las instituciones, pero el miedo las destruye.

El gobierno que prometió cambio no puede permitirse este escenario. No puede mirar hacia otro lado. No puede seguir guardando silencio mientras crecen las dudas. Porque cada día sin respuestas alimenta la percepción de que algo se está ocultando, de que hay verdades incómodas que no quieren salir a la luz.

Y el país, cansado de escándalos, merece algo distinto. Merece claridad. Merece acciones. Merece garantías.

Hoy, más que nunca, Colombia necesita instituciones que funcionen, que investiguen, que protejan. Necesita un Estado que no deje sola a quien denuncia. Necesita que el miedo no sea el precio de la verdad.

Porque cuando denunciar se convierte en un riesgo de vida, lo que está en juego no es solo un gobierno.

Es la democracia misma.