COLUMNISTAS

Colombia no necesitaba más discursos cargados de buenas intenciones; necesitaba resultados. Y hoy, con crudeza, pero con responsabilidad, hay que decirlo: la llamada “paz total” del presidente Gustavo Petro ha fracasado.

No se trata de una afirmación ligera ni de una postura caprichosa. Es la conclusión lógica que se desprende de los hechos, de la realidad que viven los territorios y del sentir de miles de colombianos que hoy ven con preocupación cómo el país retrocede en materia de seguridad, autoridad y legitimidad institucional.

La “paz total” nació como una apuesta ambiciosa: dialogar con todos los actores armados, cesar la confrontación y construir un país reconciliado. En el papel, sonaba bien. Pero gobernar no es redactar manifiestos; es tomar decisiones firmes, oportunas y coherentes. Y ahí es donde la estrategia empezó a hacer agua. Se negoció sin exigir. Se cedió sin verificar. Se suspendieron órdenes de captura, se otorgaron beneficios jurídicos anticipados y se envió un mensaje peligroso: en Colombia delinquir puede salir barato si se tiene la capacidad de presionar al Estado. ¿El resultado? Grupos armados fortalecidos, reconfigurados y, en muchos casos, expandiendo su control territorial.

Mientras en los escritorios se hablaba de paz, en las regiones aumentaban las extorsiones, los secuestros y el desplazamiento forzado. La ciudadanía quedó atrapada entre la retórica oficial y la cruda realidad. ¿De qué sirve una mesa de diálogo si en el territorio manda el fusil? El problema de fondo no es negociar. Colombia ha demostrado que los procesos de paz pueden dar frutos, como ocurrió con el acuerdo con las FARC. El problema es cómo se negocia. La “paz total” careció de condiciones claras, de líneas rojas inquebrantables y de un principio básico en cualquier proceso serio: la autoridad del Estado no se negocia, se ejerce.

Hoy vemos con preocupación cómo estructuras criminales utilizan los espacios de diálogo para fortalecerse, ganar tiempo y reorganizarse. No es una hipótesis; es una realidad que golpea a departamentos enteros donde la presencia institucional es débil o inexistente.

A esto se suma un elemento aún más delicado: la desmoralización de la Fuerza Pública. Cuando se envían señales ambiguas, cuando se duda del accionar legítimo de quienes arriesgan su vida por la seguridad nacional, se debilita uno de los pilares fundamentales del Estado. No puede haber paz sin autoridad, ni autoridad sin respaldo a quienes la hacen cumplir. Pero sería irresponsable quedarnos solo en la crítica. Este momento exige claridad y firmeza. Colombia necesita una política de seguridad integral, donde el diálogo sea una herramienta, sí, pero no el único camino ni el eje central. La paz no se decreta; se construye con orden, justicia y presencia real del Estado en cada rincón del país.

También es momento de exigir resultados medibles. Menos discursos y más acciones. Menos simbolismo y más estrategia. La paz no puede seguir siendo una narrativa; debe convertirse en una realidad tangible para el campesino, el comerciante, el transportador y cada ciudadano que hoy vive con miedo.

Decir que la “paz total” fracasó no es un acto de derrotismo; es un ejercicio de realismo. Y reconocer los errores es el primer paso para corregir el rumbo. Persistir en una estrategia fallida no es terquedad ideológica: es irresponsabilidad histórica.

Colombia merece algo mejor. Merece un Estado que dialogue, sí, pero que también actúe. Que escuche, pero que también imponga. Que busque la paz, pero sin arrodillarse ante la ilegalidad. Porque la verdadera paz no es la ausencia de confrontación temporal; es la presencia permanente de justicia, seguridad y libertad. Y hoy, lamentablemente, estamos lejos de eso.