COLUMNISTAS

La Corte Penal Internacional, consecuencia directa de los Juicios de Nuremberg contra los nazis tras  finalizar la segunda guerra mundial e inicios inmediatos de la guerra fría y de los Juicios de Tokio, contra los japoneses por los crímenes cometidos por el afán de dominio de los países del Pacífico Sur ( hoy Australia, Fiyi, Japón, Kiribati, Islas Marshall, Estados Federados de Micronesia, Nauru, Nueva Zelanda, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Samoa, Islas Salomón, República de China (Taiwán), Tonga, Tuvalu, y Vanuatu), ambos tribunales del siglo XX. La mencionada Corte tiene como esencia investigar, sancionar y perseguir los crímenes de guerra y los de lesa humanidad, teniendo en cuenta el Derecho de aquella, contenido en los Convenidos de Ginebra y sus Protocolos   y los crímenes descritos en el Estatuto de Roma, que contiene una alta gama de conductas contra la humanidad, entre ellas, un ataque general o sistemático contra civiles en tiempo de paz o de guerra, que incluyen tortura que no solo es física, también psicológica, la desaparición forzada, homicidios, esclavización, deportación y actos de violencia sexual, persecución por motivos políticos, raciales o religiosos, etc., son solo un pequeño grupo de la lista.

Pero ¿por qué en este momento histórico vuelve a la palestra de la opinión, la importancia de la Corte Penal Internacional (conocida por la sigla CPI)?. Es como resultado del llamado del Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, para que este organismo multilateral internacional active sus competencias. Es importante aclarar que: 1. La CPI, es el único tribunal internacional que tiene competencia frente a personas naturales 2. Su actividad es de carácter complementario, que significa la actuación prevalente de cada Estado frente a su connacionales o extranjeros según el caso. Pero, si el Estado no actúa dentro de los términos razonables contemplados en los códigos internos de cada país, habilita a la actuación de la Corte referida. Este tema es complejo de entender para los abogados, por tanto, aún más para aquellos que no lo son. Pero en conjunto podemos hacer un pequeño esfuerzo para entender.

La Misión internacional de la ONU, que actúa independientemente de la Oficina de la ACNUR, ha investigado desde 2014, documentando casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Pero, además, la Fiscalía de la CPI, al menos, hasta el año 2023 tenía en proceso de averiguación 124 incidentes por delitos de lesa humanidad, 113 de estos en fase de investigación y de los primeros solo 5 tenían condenas internas, lo que significa la inoperancia total de la justicia venezolana.  Justamente, a inicios de noviembre del año anterior, se realizó una audiencia por la CPI, con la intervención de la Fiscalía y con los representantes de mas de ocho mil víctimas. Fue bochornosa la actitud de la defensa del Estado venezolano, lo cual motivó el llamado de atención por el “lenguaje irrespetuoso” y “calificaciones incisivas” utilizadas.  Al menos, en esta ocasión en una Corte internacional les llamarón la atención, porque personalmente experimenté en una audiencia efectuada en la Corte Interamericana, en San José de Costa Rica, en el caso del abogado constitucionalista Allan R. Brewer Carías Vs. Venezuela, el nivel de insolencia, burla e irrespeto. Lamentablemente el caso favoreció los intereses venezolanos, desconociendo el apoyo a la causa de más de 30 personas o colectivos,  acogiendo en cambio el no agotamiento de la jurisdicción interna para no analizar el fondo o esencia del caso, desconociendo la realidad de ese país, donde el régimen controla absolutamente todos los poderes, lo cual de alguna manera infló el nivel de desprecio de los abogados representantes del régimen dictatorial en los ambientes judiciales internacionales, tanto para las víctimas, como para las mismas corporaciones judiciales. Volviendo a la mencionada audiencia, fue sorprendente la actitud condescendiente de los jueces interamericanos, al permitir el tono sarcástico, las burlas, las ironías, que fueron los “argumentos” del Estado Venezolano a través de sus defensores. Una sentencia puede beneficiar el valor justicia para un pueblo, pero en el caso referido agudizó y de alguna manera avaló las tropelías de la dictadura.

La pregunta que surge ahora es: ¿Será que la CPI, le hace el juego al régimen que tiene aproximadamente en el exilio a ocho millones de venezolanos?, ¿Será que no tiene en cuenta que esas migraciones, son causadas en un porcentaje alto por el ataque general y sistematizado contra aquellas personas que no comulgan con el sistema político y que han llegado como denuncia a este Tribunal? ¿Será que la Fiscalía y los jueces de la CPI, desconocen la realidad de la tiranía imperante en cabeza de Maduro en Venezuela?

Hay un asomo de esperanza. En efecto en noviembre de 2021, Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en el que la CPI abrió una investigación formal, luego de que el fiscal Karim Khan anunció la apertura del caso “Venezuela I”, por presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017. Pero lo más importante es que en marzo del año en curso, la Corte referida, según palabra de la BBC News: El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sufrió un revés al desestimarse un recurso de apelación ante la Corte Penal Internacional (CPI), en el que exigía detener el avance de las investigaciones en su contra por posibles crímenes de lesa humanidad. Habían invocado el principio de complementariedad como excepción, en otras palabras, que Venezuela tenía derecho a agotar la vía interna, es decir que sus propios jueces decidieran internamente. Traduciendo al lenguaje vulgar es decir “aplicar el yo con yo”, pues el régimen  controla todos los poderes del Estado. La CPI, no les jugó a los argumentos distractores. Vaya ejemplo, para la Corte Interamericana. Es posible entonces, que acaten el llamado del Almagro.

Maduro se ha caracterizado por reacciones cargadas de ira, cuando no aplauden sus actos arbitrarios, -no de ahora, desde siempre-, desconocedores de derechos humanos y atentados contra el Estatuto de Roma y en medio de esas circunstancias, va sacando a misiones diplomáticas y representantes de organismos internacionales del territorio venezolano. En contraste, en estos días, elogia exclusivamente a Petro, indicando que es muy inteligente y, por tanto, sigue sus consejos. Confesión directa, queda en un audio video, que este personaje ejerce influencia decidida en las decisiones del dictador, con ocasión del fraude electoral del 28 de mayo. Ojo, esto coloca al inquilino de la Carpa de Nariño en la figura de la “Coautoría basada en la empresa criminal común o ECC”, que según criterios de la misma CPI, impone pluralidad de personas; plan, diseño o propósito común que conlleve a la comisión de un delito y finalmente la contribución a la ejecución del plan común, porque desde antes de la contienda electoral, se han desencadenado persecuciones contra la oposición, asesinatos, otros delitos, que se han agudizado en esta semana.  Traduciendo al lenguaje común: Empresa criminal, para fortalecer el socialismo del siglo XXI, sea como sea, en Venezuela y de paso en Colombia y el resto de América Latina.

Se suma a lo anterior, reforzando al dictador venezolano, Diosdado Cabello, que burla el orden internacional, amenaza, amedrenta y refuerza, el que se quedarán en el poder a toda costa. Pobre Colombia, no solo Venezuela.