JUSTICIA

Valledupar, 28 de marzo de 2026. El exministro de Justicia Wilson Ruiz impugnó el fallo de primera instancia que negó la tutela interpuesta contra el presidente de la República Gustavo Petro, por la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de cultos, la dignidad humana y el respeto al sentimiento religioso de millones de colombianos.

La impugnación se presenta tras la decisión del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medellín, que consideró las declaraciones del jefe de Estado como simples apreciaciones personales. Sin embargo, Ruíz advierte que esta interpretación desconoce el alcance constitucional de la libertad religiosa y el deber de neutralidad que debe guardar el Estado frente a todas las creencias.

En el recurso, el exministro sostiene que la libertad de cultos no se limita al ejercicio externo de prácticas religiosas, sino que protege también la dimensión interna de la fe, el fuero íntimo y la integridad espiritual de los creyentes. En ese sentido, enfatiza que las manifestaciones provenientes de la más alta autoridad del país no pueden tratarse como opiniones privadas, pues adquieren un carácter institucional que impacta directamente a la sociedad.

Asimismo, advierte que el fallo de primera instancia incurre en un error al separar la investidura presidencial de las declaraciones emitidas en escenarios oficiales, ignorando que los funcionarios públicos tienen un deber reforzado de prudencia y respeto en el ejercicio de su libertad de expresión.

En la impugnación se solicita al superior jerárquico revocar la decisión adoptada y, en su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados. De igual forma, se pide ordenar al presidente ofrecer disculpas públicas a la comunidad católica y cristiana del país y exhortar a la Presidencia de la República a abstenerse de emitir pronunciamientos que afecten la libertad religiosa.

“El Estado está llamado a garantizar la convivencia y el respeto. Cuando el poder público desconoce las creencias de los ciudadanos, no solo vulnera derechos fundamentales, sino que fractura la confianza institucional”, señaló Ruiz.